La Asamblea Playas del Sur, junto a la asociación Surfrider Argentina, inició una acción judicial contra la Municipalidad de General Pueyrredón para pedir la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental que habilitó, en el barrio Alfar de Mar del Plata, un complejo de ocho edificios de más de 14 metros de altura sobre el frente costero, por un total de 40.000 metros cuadrados construidos, a la altura de la Ruta 11 km 530.
El lote en cuestión cuenta con fronteras indeterminadas. ¿Qué significa? ”Las fronteras de la reserva, el mar y el arroyo son todas públicas y se encuentran, casualmente, indeterminadas facilitando su apropiación privada”, señalan los denunciantes y la abogada Dra Soledad Arenaza y remarcan: ”Es un proyecto inmobiliario sin antecedentes en la historia de la urbanización costera de Gral Pueyrredón, cuya ordenanza se gestó en menos de 40 días y que sienta un precedente para otros proyectos similares expectantes sobre el resto de las playas del sur”.
Además, tanto el gobierno provincial como el municipal afirmaron que están en falta sobre estos terrenos: “La Provincia como autoridad del agua reconoció que la demarcación del límite de la franja costera está vencido y sin actualizar hace años, labor que les corresponde. Y el municipio, como policía urbanística, es quien debe asegurar a los ciudadanos el acceso público a las playas y pedir al gobierno bonaerense la actualización de la línea”.
Por eso la presentación no llega como un trámite más: pide que la Justicia actúe con urgencia, porque sostiene que buena parte del daño ambiental que se busca evitar ya se está produciendo sobre el terreno.
Según la documentación acompañada a la demanda, en el predio de La Reserva Explanada ya se realizaron tareas de remoción y trasplante de árboles y de fijación de médanos antes de que existiera cualquier evaluación ambiental que las autorizara.
El proyecto, impulsado por el Fideicomiso La Reserva Explanada, prevé 198 unidades habitacionales para alojar de forma permanente a cerca de 600 personas en un predio lindero al arroyo Corrientes y a la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur, con la extracción de aproximadamente 750 árboles y movimientos de suelo sobre un cordón de médanos que especialistas describen como un ecosistema frágil, en pleno proceso de erosión costera.
Las irregularidades
La demanda enumera una cadena de irregularidades que, sostienen sus autores, dejaron a Mar del Plata sin las garantías mínimas para evaluar semejante intervención sobre la costa:
▪️ Sin aval provincial. La ordenanza municipal que habilitó nuevos parámetros urbanísticos para esa única parcela nunca fue convalidada por la Provincia, pese a que se trataría de un requisito obligatorio en zona costera.
▪️ Línea de ribera vencida. El límite que separa lo que se puede y no se puede construir data de 2012 y nunca fue actualizado, aun cuando la ley exige revisarlo cada diez años. Los informes técnicos más recientes de la Autoridad del Agua ubican el límite real varios metros más adentro del predio en disputa.
▪️ Sin demarcar la protección del arroyo Corrientes. No existe una demarcación oficial de la franja que debería protegerlo de cualquier construcción.
▪️ Reserva Costanera Sur sin mensurar. El Municipio arrastra sin resolver, desde 1995, la obligación de mensurar la reserva lindera, lo que impide saber con certeza si la obra invade o no tierras de dominio público.
▪️ Aprobación condicionada a un proyecto que va a cambiar. La autorización ambiental se otorgó sobre un diseño que la propia administración reconoce que deberá modificarse para ajustarse a una restricción de 150 metros desde el mar.
▪️ Sin estudio arqueológico. El estudio de impacto ambiental nunca incluyó un relevamiento pese a la cercanía de un sitio de más de siete mil años de antigüedad, identificados por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata.
La causa iniciada por la Asamblea Playas del Sur c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/Pretensión Anulatoria, pide la suspensión inmediata de la Declaración de Impacto Ambiental, la anotación de litis sobre las parcelas afectadas y una prohibición expresa de continuar con cualquier obra, movimiento de suelo o acción comercial mientras dure el litigio.
La urgencia no es un detalle menor: los presentantes advierten que el emprendimiento ya se está comercializando en distintas inmobiliarias con entrega prevista para diciembre de 2026,pese a no contar con los permisos de obra definitivos, y que cada semana que pasa sin una respuesta judicial acerca un poco más al barrio Alfar a un escenario de hechos consumados.