Por: Roberto Garrone
La semana que viene cuando vuelva a reunirse el Directorio del Consorcio Portuario se conocerá el rumbo que elegirá Gabriel Felizia para intentar recomponer la licitación fallida para la obra de dragado del puerto Mar del Plata, que tuvo un solo interesado cuya oferta fue declarada improcedente por cotizar un precio cuatro veces más caro que el presupuesto previsto.
El Presidente del Consorcio no tiene muchos márgenes de maniobra. En las próximas horas definen en zoom con miembros de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Secretaría de Actividades Portuarias de la Provincia si hacen un nuevo llamado con tiempos más acotados o un concurso privado con las 10 empresas que compraron pliegos.
Tal vez, si la agenda lo permite, participe Fernanda Raverta, la directora de ANSES que avaló la llegada de Felizia al puerto, reservó fondos del Fondo de Asignación para financiar la construcción del muelle 9 y oficia de agencia de colocaciones en la administración portuaria. Un Aluvión de empleados nuevos.
Pareciera que no se adherirán a la Ley de Emergencia del puerto que faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas y disponer de los fondos en 30 días. Mar del Plata no es un puerto fácil para dragar y si le sumamos incertidumbre en el cobro o en cuestiones ambientales.
Quienes han estudiado el tema sostienen que tomar muestras en distintos sectores del puerto como se hizo para obtener el certificado de aptitud ambiental, no es un estudio de impacto ambiental como marca la ley.
Las dudas germinan entre las empresas dragadoras y florecen como la lengua de sedimentos que dejó inutilizado el canal principal de acceso desde el año pasado. Alguien dragará nadie lo duda y menos en un año electoral. Pero será a un costo superior al imaginado a priori por las autoridades que miran el almanaque y consultan cuándo se libera la draga de Canlemar SL con tareas en Brasil.
Los dragadores españoles fueron los últimos en trabajar en el puerto en dos etapas, 2017 y 2018, bajo la administración Merlini, quien los persuadió para que se encarguen del trabajo. Nadie planteó quejas más allá que demoraron mucho más tiempo del previsto originalmente a un precio mucho menor al cotizado por Servimagnus en el 2014.
Mientras Felizia se desvela en garantizar lo mínimo, indispensable y prioritario, otras batallas comenzaron a despabilarse luego del letargo que genera el cierre de la temporada de pesca de langostino en aguas nacionales.
Prevengo al lector que se viene una ola de siglas. CEPA, CAPECA, CAPIP, SOMU, SIMAPE. Las tres primeras son cámaras empresarias de la pesca; de Mar del Plata la primera y las otras dos de Patagonia. Los últimos son gremios marítimos de pescadores. Uno nacional y otro con representación exclusiva en el puerto local.
Las cámaras conformaron un bloque para unificar una baja en los valores por la producción de langostino en los barcos tangoneros congeladores. El año pasado lograron reducirlo para afrontar la caída de precios, que finalmente no fue tan grande, y la reducción de ventas por el covid.
Pero CEPA tiene firmado convenio colectivo con SOMU que tiene distintos valores que el que firmaron CAPECA y CAPIP con el SOMU. Eso genera que haya marineros que hacen el mismo trabajo pero unos ganan más que otros. Pueden estar incluso en el mismo barco.
Pese a haberse comprometido a rubricar ese acuerdo a la baja con CEPA, SOMU nunca lo firmó. El Ministerio de Trabajo homologó ese acuerdo y el SOMU lo impugnó.
Los gremios declararon un paro porque las empresas adheridas a CEPA liquidaron los salarios de los marineros con el convenio de CAPECA y hay diferencias de hasta el 30% en algunas categorías.
Para sumar más condimentos a la ensalada, SIMAPE y CEPA también tienen firmado un convenio colectivo para la flota congeladora, cuyos valores redundan en una diferencia salarial al firmado por SOMU con CEPA. Ahí también por la misma función a bordo pueden cobrarse salarios diferentes. CEPA también le liquidó con el convenio CAPECA a los afiliados al SIMAPE.
Antes que declararan el paro, las empresas de CEPA, Moscuzza, Solimeno y Xeitosiño, avisaron que no saldrían a pescar hasta resolver el acuerdo pendiente del año pasado pese a que hubo dictámenes del Ministerio de Trabajo que le decían a CEPA que debía liquidar por su convenio. SIMAPE también llevó el reclamo al ministerio de Trabajo.
Para agrandar el combo, CAPECA y CAPIP se solidarizaron con CEPA y prometen tampoco mover los barcos si se abre la pesca de langostino al norte del 41°S. Ya hubo un llamado a inscribir barcos para hacer la prospección y no se anotó ningún buque de estas cámaras.
Es lo que habían hecho el año pasado cuando las cámaras patagónicas comenzaron con un lock out para lograr esa baja en el valor de referencia del dólar que marca el Anexo III del Convenio Colectivo del SOMU. En ese momento CEPA se solidarizó con ellos y no salieron a pescar.
Las negociaciones entre dirigentes de CEPA y SOMU son intensas por estas horas para intentar destrabar el conflicto. No están solos. Marineros marplatenses no quieren resignar lo mal liquidado ni quedar bajo el convenio de CAPECA.
En los últimos días circuló un borrador del acuerdo en el que CEPA y SOMU firmaban la pipa de la paz, avalado por sectores gremiales que no quieren que los marineros marplatenses cobren mejor salario que los marineros patagónicos.
El acuerdo no se firmó por la amenaza de una desafiliación masiva en Mar del Plata que hizo a la cúpula sindical recalcular y pensar en otras alternativas. Este viernes hubo una reunión en la sede patronal de la calle Olavarría. Acordaron que defina el Ministerio de Trabajo. Si deja correr la homologación de CEPA o la impugnación del gremio.
Las cámaras ya saben que ese acuerdo de dólar lastrado se extinguió con el último día del 2020. Este año volverá al valor del 2019 con liquidación según marca cada convenio al tipo de cambio del día de la descarga.
Mañana lunes comienzan las audiencias con las empresas que conforman CEPA por la mala liquidación de las mareas del 2020. Ahí también participa el SIMAPE que planteó sus quejas en el Ministerio y aplicó la medida de acción directa.
En CEPA se mantienen firmes. “Sin cerrar el 2020 no salimos a pescar en el 2021”, anticiparon y se preparan para abroquelarse con las otras cámaras y actuar como un todo tal cual lo hicieron el año pasado.
En el SOMU advierten que las cámaras actúan como un bloque. “Han formado un sindicato empresarial en que si no arreglan todos no arregla nadie. Es una extorsión”, dijo Juan Navarro, el Secretario de Pesca del gremio en “Desde el Muelle”.
En el medio de la puja hay un dato que no debería pasar por alto para nadie. Este año el SOMU tiene elecciones y el Caballo está suelto y con ganas de volver. O deberían ponerlo sobre el tablero de situación si efectivamente desean pescar más días que en el 2020.
Son estos, días en que en el puerto de Mar del Plata sobrevuela la incertidumbre