El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, hace suyos los conceptos vertidos por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la resolución 2889-19, en la que expresa su “preocupación por la situación salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, y la necesidad de recursos presupuestarios para atender los gastos de funcionamiento de la Administración de Justicia”.

                            En el mismo sentido en que viene manifestándose nuestra institución, la SCBA señala que “que las estadísticas oficiales registran variaciones de precios del 153,7% desde enero del 2017 a septiembre de este año, mientras que el incremento salarial para todas las categorías del Poder Judicial durante el mismo periodo fue del 114,5%. A ello se añade que durante este año aún no se formalizó una propuesta que recupere la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación, lo que explica, entre otras cosas, el grave deterioro salarial que experimenta el Poder Judicial” y subraya “las diferencias con respecto a la Justicia Nacional, que alcanza un 51% promedio en la remuneración mensual. En relación a ello se agrega que si bien esa brecha debe ser revertida por medio de un programa de recomposición salarial progresivo y sustentable, genera preocupación la falta de respuesta institucional a esta grave problemática”.

                             Finalmente la Corte provincial “pone de relieve la inacción del Ministerio de Economía provincial, que ha declinado avanzar en la definición de alternativas tendientes a recomponer las remuneraciones del Poder judicial e incrementar los recursos necesarios para su funcionamiento, ante la amenaza que su demora representa para la prestación del servicio de Administración de Justicia”.

                             El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido de manera permanente la necesidad de encontrar soluciones estructurales a la situación de desfinanciamiento del sistema de justicia y a la postergación salarial de magistrados y funcionarios, violatoria del principio constitucional de intangibilidad de los haberes de los magistrados. El camino para terminar definitivamente con esta situación es el establecimiento de una política orientada a la equiparación de los salarios entre los integrantes la justicia provincial con el promedio de las jurisdicciones mejor remuneradas y la puesta en vigencia de la autarquía financiera para el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.