Frente al aumento de episodios de violencia en establecimientos educativos, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) de la provincia de Buenos Aires presentó un plan de acción sindical destinado a proteger a los trabajadores de la educación y fortalecer las condiciones de seguridad en las escuelas de gestión privada.
Desde la organización sostuvieron que las agresiones hacia los docentes dejaron de ser situaciones aisladas o problemas de convivencia para convertirse en un riesgo laboral que exige respuestas institucionales. En ese sentido, remarcaron que los propietarios de los establecimientos tienen la obligación de prevenir estos hechos, investigar las denuncias, brindar asistencia a las víctimas y garantizar ambientes de trabajo seguros.
El gremio recordó además que en 2023 los sindicatos docentes firmaron un acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso, un instrumento que establece derechos y mecanismos de protección para quienes desempeñan tareas educativas. Entre sus principales avances, se reconoce que sufrir agresiones no forma parte de la actividad docente y que ningún trabajador debe afrontarlas como una consecuencia normal de su profesión.
SADOP también destacó que las distintas formas de violencia contemplan no solo ataques físicos, sino también amenazas, hostigamiento, acoso laboral, violencia digital, simbólica e institucional, en línea con lo establecido por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como parte de las acciones impulsadas, el sindicato reclamó la conformación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en cada establecimiento para diseñar y supervisar políticas de prevención, además de solicitar la convocatoria a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para las escuelas privadas, con participación de las cámaras empresarias, la Dirección General de Educación de Gestión Privada y el Ministerio de Trabajo.
Finalmente, desde SADOP afirmaron que erradicar la violencia requiere un trabajo conjunto entre escuelas, docentes, familias, empleadores y organismos estatales. “Atacar al docente es dañar al trabajador, pero también debilitar la autoridad pedagógica y el rol social de la escuela”, señalaron, al ratificar su compromiso de acompañar y defender a cada docente de gestión privada frente a situaciones de violencia.