Por Ing. Juan Di Iorio
La Cámara de Diputados ya le dio media sanción al proyecto del oficialismo que modifica el régimen de Zona Fría. Ahora el texto espera su tratamiento en el Senado. Si se aprueba, 220.000 hogares de la Quinta Sección verán triplicada su factura de gas. A nivel nacional, 3,2 millones de usuarios perderán el subsidio (Perfil). Solo en la provincia de Buenos Aires, 1,3 millones de hogares.
La discusión no es menor. No se trata solamente de una factura. Se trata de quién paga el costo de la energía y quién se beneficia.
Cómo funciona el sistema
La Zona Fría no es un privilegio. Es una compensación territorial. Se financia con un recargo del 7,5% en la tarifa de gas que pagan todos los argentinos. Ese
dinero va a un fideicomiso y se redistribuye a las provincias frías.
El proyecto de Milei no elimina el recargo. Lo faculta a aumentarlo o reducirlo hasta en un 50% sin control del Congreso. El impuesto sigue. El beneficio, no.
Además, introduce una discriminación geográfica: las áreas originarias mantienen el subsidio; las ampliadas (como Mar del Plata) lo pierden o lo reducen. Mar del Plata pasa de un subsidio universal a uno focalizado en los pobres. Pero el 7,5% lo seguimos pagando todos.
El problema no es sólo la factura
Mar del Plata es una ciudad de desequilibrios. Conviven un puerto exportador, una importante actividad turística, industria y comercio, con barrios donde el acceso al trabajo
formal es cada vez más difícil.
El desafío no es solamente crecer. Es integrar el crecimiento. Por eso la discusión energética no puede reducirse al costo residencial.
Cuando aumenta el costo de la energía, cae la rentabilidad de comercios, hoteles, restaurantes, pequeñas industrias y emprendimientos familiares. Y cuando cae la rentabilidad, cae la inversión. Cuando cae la inversión, cae el empleo.
La energía no es solamente un servicio. Es una condición para producir.
El negocio (no es solo gas)
El proyecto unifica tres reformas en una misma ley: el recorte de la Zona Fría, la regularización de deudas eléctricas y la prórroga de beneficios a las energías renovables.
Así, quien vote en contra de una, vota en contra de todas.
El artículo 4 establece un mecanismo que beneficia a grandes distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur. Según publicó La Política Online, el mercado interpreta que el gobierno
está ‘ordenando los balances’ de estas empresas, lo que podría impactar en la cotización de sus acciones.
Milei dijo que iba a barrer a la casta. Hoy su gobierno impulsa una reforma que reduce beneficios para millones de hogares mientras mejora la situación patrimonial de grandes actores del sector energético. La contradicción está a la vista.
La reacción local
Diversos sectores expresaron preocupación por el impacto de la reforma. La CGT Regional Mar del Plata advirtió: «El gobierno nacional castiga a los trabajadores del sudeste bonaerense. Esto es un ajuste disfrazado.»
La senadora provincial Fernanda Raverta cruzó al intendente Montenegro y a su reemplazante Neme: «Mucho buzo violeta. Poca camiseta de Mar del Plata.»
El gobernador Axel Kicillof calificó la ley como «un gran error» y anticipó acciones legales: «Hay partes que son ilegales.»
Por qué la Zona Fría es una política justa
No es una opinión. Es la coincidencia de tres tradiciones de pensamiento.
La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que el acceso a la energía forma parte de las condiciones necesarias para una vida digna. El Papa Francisco fue claro: «No puede ser que el mercado defina qué es o no un derecho.»
La soberanía energética plantea que el precio debe reflejar los costos argentinos de producción y estar orientado al desarrollo nacional. Primero el autoabastecimiento.
El peronismo lo expresó con claridad en su Verdad Nº 16: «El capital al servicio de la economía, y ésta al servicio del bienestar social.» En la ley de Milei, la fórmula se invierte: la
economía queda al servicio del capital, y el bienestar de la comunidad, en segundo plano. La Zona Fría no es una rareza argentina. Canadá, Chile, Rusia y Estados Unidos tienen subsidios. Es una política pública estándar en cualquier país que reconoce que la geografía no es igual para todos.
Propuestas concretas
Auditoría del 7,5%. Que se publique el destino de la plata recaudada en los últimos dos años.
Tarifa diferencial. Jubilados, comercios y trabajadores de hasta tres canastas básicas deben quedar protegidos.
El recargo debe volver al Congreso. El presupuesto se discute en el Congreso, no en un escritorio.
Subsidio al total de la factura. No solo al metro cúbico, sino también al transporte y la distribución.
Y de fondo: fijar el precio del gas en función de los costos argentinos de producción, garantizar el autoabastecimiento y construir un sistema energético al servicio del desarrollo nacional, con participación del Estado, los trabajadores, las cooperativas y el sector privado
productivo
La verdadera discusión
La discusión de fondo no es un subsidio. Es qué modelo de país queremos construir: uno donde la energía sea tratada exclusivamente como una mercancía, o uno donde sea
considerada una herramienta para el desarrollo, la producción y la integración territorial.
En una ciudad como Mar del Plata, la respuesta tiene consecuencias concretas: sobre el trabajo, la competitividad, el comercio, el turismo y la calidad de vida de miles de familias.
El gobierno dice que ajusta por necesidad. Pero los números muestran una dirección clara: les quita el subsidio a los hogares y mejora la situación de grandes empresas del sector energético. Si el gobierno mejora la situación patrimonial de grandes actores del mercado mientras empeora la de millones de hogares, corresponde una explicación pública
detallada.
La Zona Fría no era un favor. Era un derecho.
La Patagonia dijo que no. El sindicalismo dijo que no. Diversos gobernadores y especialistas cuestionan incluso su legalidad.
El desafío de Mar del Plata no es sólo crecer. Es integrar el crecimiento.Y
para integrar el crecimiento, la
energía debe ser una herramienta de desarrollo, no un factor de exclusión.