La Cámara de Diputados debatirá este miércoles un proyecto del oficialismo para actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías y focalizar los beneficios en hogares vulnerables y regiones históricamente incluidas en el esquema. En la práctica, eliminaría las regiones que desde hace años pagan con descuentos del 30 y 50% en los consumos de gas, en las que están incluidas Mar del Plata y el Sudoeste Bonaerense.
La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, apunta a ordenar el financiamiento del sistema energético, fortalecer la segmentación de subsidios y corregir distorsiones generadas tras la ampliación del régimen concretada en 2021.
A horas de la sesión, desde el oficialismo se mostraban confiados de tener los votos suficientes para darle media sanción al recorte de subsidios al gas por Zonas Frías. “Estamos bastante justos, pero va a haber concesiones en materia energética a varias provincias”, resumió un vocero del oficialismo. Sin embargo, también se reconoció que el verdadero desafío será sostener los 129 diputados presentes durante toda la sesión, ya que Zonas Frías será el último punto del temario.
La última modificación del régimen de Zona Fría había sido aprobada en 2021, lo que amplió el alcance de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, entre las que se encuentra Mar del Plata y el Sudoeste Bonaerense. En ese momento, el régimen pasó de cubrir unos 950.000 usuarios a alcanzar cerca de 4 millones de hogares.
Según el proyecto, los subsidios quedarán dirigidos exclusivamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El padrón incluirá hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales -a valores de mayo, poco más de $4,4 millones- beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En el caso de los hogares con integrantes con discapacidad, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar de qué manera el CUD implica necesidad de asistencia económica para afrontar el pago de los servicios energéticos.
El texto también redefine el universo alcanzado por el régimen de Zona Fría y limita la cobertura a las regiones históricamente incluidas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.
La propuesta oficialista sostiene que la ampliación del régimen realizada en 2021 llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red, lo que derivó en la inclusión de sectores con alto poder adquisitivo o sin correspondencia con los criterios de vulnerabilidad económica.
Según los ingresos
La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, señaló días atrás que «la razón del subsidio se debe explicar a partir de los ingresos»: reducirían a los usuarios pero conservarían a aquellos de bajo recursos a partir del vigente régimen del SEF.
Esta es la segunda iniciativa que se lleva a cabo sobre la cuestión en 2026, ya que el oficialismo ya lo había intentado con el proyecto de Presupuesto 2026.
La medida se suma a lo definido en la Disposición 20/2026 publicada días atrás que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), redujo unos $110.000 millones correspondientes a partidas del Tesoro para los subsidios a la energía.
«Estamos cambiando el esquema de subsidios. Creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita», dijo la funcionaria.
Al respecto, explicó que la «Zona Fría subsidia a todos los usuarios en una zona con independencia del nivel de ingresos de los usuarios» y ratificó la alícuota del 7,5% a los que están registrados en el SEF y un adicional por Zona Fría. «Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan», reiteró.
Los cambios que propone el Gobierno
Uno de los ejes centrales del proyecto oficial que busca recortar los beneficios del régimen de Zona Fría enviado al Parlamento es la revisión del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
Es un fideicomiso, creado por la Ley 25.565 en 2002 para financiar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano diluido por redes y la venta de garrafas o gas licuado de petróleo (GNL) en las regiones Patagónica, Puna y Malargüe.
El proyecto oficial mantiene el recargo de hasta 7,5% que pagan todos los usuarios del sistema sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aunque el Gobierno reconoce que ese valor “no alcanza para pagar todo el subsidio correspondiente al Régimen de Zona Fría” y que requieren fondos adicionales del Tesoro Nacional.
“En atención a que el Fondo referido se financia con cargos aplicados a la totalidad de los usuarios del país, corresponde asegurar que su aplicación se limite a hogares ubicados en zonas de efectiva severidad climática, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, remarca el texto enviado por el Gobierno al Congreso.
Así, los hogares de las zonas ampliadas en 2021 solo recibirán un descuento adicional “por zona fría” si están inscriptos en el esquema SEF, que cubre entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas durante los meses de bajas temperaturas.
“Se considera necesario continuar subsidiando a aquellos hogares económicamente más vulnerables que residan en las zonas contempladas en la Ley de Ampliación del Régimen de Zona Fría N° 27.637”, aclaró el Gobierno.
Otra modificación clave es que el subsidio se calculará sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa.
Según el texto, la compensación se pagará directamente a los proveedores, excluyendo a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros “eliminando el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago”. (La Nueva)