Tras la tragedia ocurrida este lunes en la zona del Skatepark de Mar del Plata, donde una joven de 18 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas luego de que un colectivo despistara y arrollara a peatones, el gobierno municipal difundió un mensaje institucional firmado por el intendente interino Agustín Neme.
El comunicado expresó «profundo pesar» por el fallecimiento de la víctima, transmitió solidaridad a los familiares y destacó el trabajo realizado por los equipos de emergencia que intervinieron en el lugar. Sin embargo, más allá de las condolencias y del detalle sobre el operativo desplegado, el mensaje dejó algunas definiciones políticas y varias omisiones que no pasaron inadvertidas.
Uno de los ejes centrales del texto fue la decisión de colocar el foco sobre la investigación judicial. «La investigación está en manos de la Justicia y será el fiscal interviniente quien determine con precisión lo sucedido», señaló el intendente interino, remarcando que el Municipio aguardará las conclusiones correspondientes.
La referencia no resulta menor. En medio de la conmoción generada por el hecho, la gestión municipal optó por una postura de prudencia institucional que evita formular hipótesis sobre las causas del siniestro y, al mismo tiempo, aleja cualquier debate inmediato sobre posibles responsabilidades administrativas o políticas.
La parte más extensa del comunicado estuvo dedicada a resaltar la respuesta estatal posterior al accidente. El jefe comunal enumeró la actuación coordinada del SAME, Defensa Civil, Tránsito, Protección a la Víctima, Policía, Bomberos y otros organismos de emergencia, destacando la rápida activación de los protocolos de asistencia.
La estrategia comunicacional aparece claramente orientada a mostrar un Estado presente y operativo frente a la emergencia. Sin embargo, el mensaje no avanzó sobre otro aspecto que también forma parte de la discusión pública: los mecanismos de control sobre el sistema de transporte urbano.
En ningún tramo del comunicado se hace referencia al estado de la unidad involucrada, a los controles realizados por el Municipio sobre las empresas concesionarias, a la capacitación de los choferes ni a las condiciones en las que se presta actualmente el servicio.
Tampoco hubo menciones al prolongado proceso de licitación del transporte público, una discusión que lleva años sin resolverse y que ha derivado en sucesivas prórrogas contractuales. En distintos sectores de la ciudad vienen creciendo las críticas por el deterioro de algunas unidades, la falta de controles efectivos y las reiteradas quejas de usuarios respecto a maniobras peligrosas y exceso de velocidad en determinados recorridos.
Por el momento, la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió exactamente en los instantes previos al siniestro y establecer eventuales responsabilidades penales. No obstante, más allá de las conclusiones que arroje la causa, la tragedia volvió a poner sobre la mesa interrogantes que exceden el accionar de un conductor y alcanzan al funcionamiento general del sistema de transporte urbano.
Mientras el Intendente Neme elige concentrar su mensaje en el acompañamiento a las víctimas y en la actuación de los equipos de emergencia, comienza a instalarse un debate más amplio: si el Estado local cumplió adecuadamente su rol de control sobre un servicio público esencial cuya situación viene siendo objeto de cuestionamientos desde hace años.
