Mientras la ciudad de Mar del Plata sigue conmocionada por la tragedia ocurrida en la zona del Skatepark, las primeras pericias y la propia declaración del conductor del colectivo apuntan a una posible falla mecánica como origen del hecho.
No se trata de un dato menor. El vehículo involucrado era una unidad modelo 2015 que había sido beneficiada este mismo año con una prórroga del Municipio para continuar prestando servicio, en un sistema de transporte cuya renovación de flota parece depender más de excepciones que de una verdadera política de modernización.
Sin embargo, ni la cámara empresarial ni la conducción local del gremio de los choferes (UTA) han considerado necesario difundir un mensaje de empatía hacia las víctimas y sus familias. Ni una palabra de solidaridad. Ni una reflexión sobre lo ocurrido. Ni siquiera el gesto mínimo que exige una tragedia de estas características.
El silencio empresarial es especialmente difícil de justificar. Los concesionarios del transporte suelen ocupar el centro de la escena cada vez que reclaman aumentos del boleto, subsidios o asistencia económica. Los argumentos sobre el supuesto quebranto del sistema aparecen con frecuencia. Pero cuando una unidad bajo su responsabilidad protagoniza un hecho de extrema gravedad, la voz desaparece.
Si el negocio es tan inviable como sostienen permanentemente, quizás sea momento de preguntarse si están en condiciones de continuar prestando un servicio público esencial. Porque el transporte urbano no puede administrarse únicamente para reclamar recursos; también exige asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal.
La actitud de la UTA tampoco resiste demasiado análisis. El gremio tiene la obligación de defender las condiciones laborales de los trabajadores, pero también de advertir sobre las falencias que ponen en riesgo tanto a los choferes como a los pasajeros. Son los conductores quienes conocen de primera mano el estado real de muchas unidades, las deficiencias mecánicas y las presiones cotidianas que existen dentro del sistema.
Sin embargo, cuando se trata de exponer públicamente esos problemas, el silencio parece imponerse. Resulta inevitable recordar que el sindicato fue capaz de paralizar el servicio para visibilizar el lanzamiento de una lista en una elección interna. No ocurre lo mismo para denunciar el deterioro de las unidades o las condiciones en las que se presta el servicio.
La tragedia del Skatepark vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Mar del Plata arrastra desde hace años: una licitación interminable, contratos prorrogados, falta de renovación adecuada de las flotas, controles insuficientes y una preocupante ausencia de transparencia sobre el estado real del sistema.
Las víctimas merecen respuestas. La sociedad merece explicaciones. Y quienes tienen responsabilidades directas en el transporte público no pueden seguir escondiéndose detrás del silencio.
Porque cuando una tragedia expone las falencias de un sistema, callar también es una forma de asumir una posición. Y en este caso, es una posición difícil de defender.
