El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, expresó su fuerte preocupación por las consecuencias que tendrá la nueva Ley de Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y remitir su regulación a la Ley de Navegación (20.094) y a los convenios colectivos.
La modificación incorpora el inciso “G” al artículo 2 de la LCT, lo que implica que los marineros dejan de estar amparados por ese marco legal general. Según explicó Trueba, una de las consecuencias más inmediatas es que “los convenios pierden ultraactividad, con lo que se pierden las normas de respaldo”, lo que debilita la protección de los trabajadores ante eventuales conflictos o vacíos normativos.
El dirigente sindical advirtió que esta medida implica un retroceso histórico. “Se retrocede 60 años a la regulación de la ley 17.371 dictada por el gobierno de facto de Onganía”, sostuvo, y detalló que la relación laboral pasará a regirse exclusivamente por el contrato de ajuste, es decir, acuerdos temporales que finalizan con cada viaje, sin vínculo permanente entre el tripulante y la empresa.
En ese marco, Trueba enumeró una serie de derechos que quedarían comprometidos o directamente eliminados. Entre ellos, mencionó que no habría vacaciones, ni protección en caso de enfermedad, ni indemnización al finalizar el contrato. Además, señaló que “lo máximo a lo que se puede aspirar es a que, si se trabaja 180 días con sucesivos contratos de ajuste, el trabajador pueda quedar efectivo”.
El titular del SIMAPE también alertó sobre el impacto estructural que esta reforma podría tener sobre la actividad pesquera. “Se busca convertir a la pesca en una actividad zafrera”, afirmó, al tiempo que explicó que, si el trabajador no logra la efectivización, no contará con salario a la orden y su continuidad dependerá exclusivamente de nuevas contrataciones temporales.
Asimismo, remarcó que la dotación de explotación quedará en manos del armador, lo que podría modificar las condiciones de trabajo a bordo sin las garantías previas. En ese sentido, advirtió que se promueve un proceso de “deslaboralización del trabajo marítimo”.
“En síntesis, la exclusión sorpresiva del personal embarcado de las regulaciones de la ley de contrato de trabajo resulta en una discriminación de un sector de los trabajadores que, en los hechos, acarrea incertidumbre y avizora un incremento de la litigiosidad en busca del resguardo de los derechos”, concluyó Trueba.