Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, brindaron este viernes una conferencia de prensa en el marco de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en la antesala de la audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick, que tiene como objetivo acercar posiciones y avanzar en una salida a la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto por la aplicación de la Ley 27.795 tuvo este viernes una nueva instancia judicial. Bajo esa premisa, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 convocó al Gobierno nacional, a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al CIN para intentar destrabar la situación. Esto, además, se produce luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que ordena al Estado avanzar con la actualización de los salarios universitarios y de las becas estudiantiles.
En ese contexto, los rectores que participaron de la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN que se desarrolló en Mar del Plata, pusieron el foco en la situación presupuestaria de las casas de estudios y en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.
“El presupuesto son salarios, son personas”
La rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mónica Biasone, explicó que la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos comenzó con el objetivo de establecer los parámetros para la elaboración del presupuesto del sistema universitario nacional. “Nos reunimos todos los gestores que son los responsables de administración financiera y económica de las universidades públicas del país para acordar algunos parámetros para armar el presupuesto del sistema universitario en su totalidad”, señaló.
Ese documento será presentado ante los rectores en el próximo encuentro del CIN, previsto para los días 3 y 4 de septiembre en Bariloche. Una vez aprobado, será elevado al Poder Ejecutivo con las necesidades presupuestarias del sistema universitario. “Nosotros discutimos el presupuesto independientemente de la relación o de lo que haga posteriormente el Gobierno Nacional, esa es nuestra responsabilidad”, agregó.
Al mismo tiempo, Biasone dejó en claro que el conflicto excede ampliamente a la definición de una cifra. “Cuando hablamos de presupuesto no hablamos solo de un importe, de un número. El presupuesto son salarios, son personas. Es una proyección política de lo que queremos del sistema educativo y eso es lo que estamos discutiendo”, afirmó.
Como es de público conocimiento, el 92% del presupuesto son salarios, por lo que el 8% restante es con lo que cuentan las universidades públicas para cubrir todos los gastos. En ese sentido, enumeró desde las reparaciones y el mantenimiento edilicio hasta las políticas de bienestar estudiantil: “Cuando decimos gastos es desde la pintura, un caño roto, un baño que no funciona, hasta becas universitarias a la excelencia académica, becas que tienen que ver con el comedor universitario o a estudiantes que no tienen posibilidades de llegar a la universidad”.