La concejal Vilma Baragiola presentó un proyecto mediante el cual solicita que el Honorable Concejo Deliberante exprese formalmente su rechazo a la Resolución Nº 6/2026 del Consejo Federal Pesquero (CFP), una medida que establece un proceso licitatorio para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar y que, según diversos sectores de la actividad, genera una marcada desventaja para el Puerto de Mar del Plata.
La iniciativa también solicita la suspensión de los efectos de la resolución nacional hasta tanto se hagan públicos los estudios técnicos, científicos, económicos y ambientales que respaldan la medida, y reclama la revisión de los criterios de evaluación establecidos para la asignación de permisos pesqueros.
Según se expone en el proyecto, la normativa otorga una ponderación diferencial a los desembarques realizados en distintas provincias, asignando hasta 30 puntos a proyectos radicados en Tierra del Fuego y apenas 10 puntos a aquellos vinculados con la Provincia de Buenos Aires. Esta situación genera preocupación entre cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos por el impacto que podría tener sobre la actividad pesquera marplatense.
“Mar del Plata no puede quedar en desventaja frente a otros puertos del país por una decisión administrativa que altera las reglas de competencia y pone en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a una actividad estratégica para nuestra economía”, sostuvo Baragiola.
La edil remarcó que el Puerto de Mar del Plata constituye el principal complejo pesquero de la Argentina y es uno de los motores productivos más importantes de la ciudad, generando empleo directo e indirecto en la captura, procesamiento, logística, servicios portuarios, construcción naval y comercio exterior.
“Defender al puerto es defender el trabajo de miles de familias marplatenses. Cada decisión que afecte su competitividad debe estar debidamente fundamentada, ser transparente y contemplar un verdadero criterio federal que garantice igualdad de oportunidades para todos los puertos argentinos”, afirmó la concejal.
El proyecto además expresa el acompañamiento institucional a las acciones impulsadas por entidades empresarias, gremiales y organismos públicos que buscan resguardar los intereses productivos, laborales y portuarios de la ciudad. Entre ellas se encuentra la presentación judicial promovida por organizaciones representativas del sector portuario local.
Por último, Baragiola destacó la necesidad de que cualquier ampliación del esfuerzo pesquero cuente con información científica y técnica suficiente, accesible y debatida con todos los actores involucrados.
“No estamos discutiendo únicamente una licitación. Estamos hablando del futuro productivo de Mar del Plata, de la sustentabilidad de los recursos y de la necesidad de garantizar reglas claras, equitativas y consensuadas para una actividad que es clave para el desarrollo económico de nuestra ciudad y del país”, concluyó.