Hace 45 días el presidente Javier Milei anunció que Cancillería iniciaría un procedimiento sancionatorio contra 45 personas físicas y jurídicas por actividades de explotación y exploración petrolera en las Islas Malvinas.
Unos días después el ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto de ley para extender las sanciones por actividades no autorizadas en Malvinas más allá del sector hidrocarburífero e incluir a la pesca. La Ley 26.659 (conocida como “Ley Pino Solanas”), sancionada en 2011, se limita a operaciones de petróleo y gas.
Las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
El proyecto parece redundante para la industria pesquera. El sector ya cuenta con legislación que prevé sanciones para las empresas que operaran en el caladero nacional y también en las aguas ocupadas por el Reino Unido.
La Ley 26.386 incorporó el Artículo 27 bis a la Ley Federal de Pesca, el cual establece que el Consejo Federal Pesquero solo otorga cuotas o autorizaciones de captura a quienes presenten una declaración jurada garantizando que no son armadores ni propietarios de buques que realicen operaciones de pesca en aguas bajo jurisdicción argentina sin el correspondiente permiso oficial. Hasta ahora sobran los dedos de una mano para enumerar los casos en que dicha irregularidad quedó en evidencia
El tiempo dirá si el gobierno libertario decide ir a fondo con la defensa de la soberanía o es solo un tema de distracción colectiva en un contexto donde los mejores 18 meses de la historia que prometió “Toto” Caputo solo lo disfrutan sectores puntuales de la economía ligados a la energía, el agro y la minería. El resto de la industria se derrumba con el cierre de más de 32 mil empresas y la pérdida de 276 mil empleos registrados.
Pero esa puerta que abrió el gobierno con sus sorprendentes ínfulas soberanas habilitó nuevas denuncias, como la que presentó esta semana la Fundación Agustina Lerena en el juzgado federal de Tierra del Fuego.
La demanda presentada a la jueza Mariel Borruto (foto) apunta contra empresas pesqueras extranjeras y nacionales, bancos, aseguradoras y astilleros, muchos de nacionalidad española, por practicar la pesca ilegal en Malvinas, por un monto estimado entre 12 y 26 mil millones de dólares.
El principal argumento es que “los demandados conocen -y están obligados a cumplir- que no se puede pescar sin la habilitación de Argentina en las aguas continentales argentinas ni en las aguas argentinas de Malvinas. Y las empresas españolas y británicas no lo pueden desconocer, porque el Reino de España ha reconocido la Independencia Argentina y su soberanía territorial, que incluye a Malvinas y sus aguas en 1863″.
En la presentación judicial fueron incluidas 12 empresas pesqueras de bandera española que pescan en alta mar y en aguas de Malvinas; 7 Joint-Venture de empresas pesqueras españolas isleñas que pescan con bandera ilegal “Falklands” y a las correspondientes empresas españolas y de los isleños de Malvinas.
La denuncia cuenta con 65 páginas y 8 anexos. Fue recibida por el Secretario del juzgado porque la jueza estaba de vacaciones. Apunta también contra 3 empresas pesqueras nacionales que estarían vinculadas a empresas que pescan en Malvinas y a 8 empresas pesqueras nacionales que integrarían ACEMIX, la Asociación de Empresas Comunitarias de Sociedades Mixtas de Pesca, junto a empresas españolas que pescan ilegalmente en Malvinas.
“La prueba acumulada es terrorífica”, resumió Cesar Lerena, impulsor de la demanda que fue “recibida con algarabía” por autoridades y las fuerzas vivas de una provincia donde las cuestiones de soberanía tienen otro peso específico y por eso cuestionan con tanto énfasis la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional.
Las tres empresas nacionales que menciona la denuncia, son fáciles de acertar. Wofco como socio de la española Conarpesa; Pescapuerta y su filial “Estrella Patagónica” de este lado del océano, y el Grupo Pereira con su controladas “Altamare” y “Bricel”.
Por estos días circuló un informe ejecutivo con los vínculos de estas empresas y la pesca en Malvinas a través de otras razones sociales y firmas comerciales. En esa radiografía también se incluye al grupo español “Rampante-Lanzal”, el cual aparece asociado con “Pesquera San Isidro”.
De “Pereira” da cuenta de una “venta simulada” y “diversificación ficticia” con la venta en 2012 de la filial en Argentina al directivo Alfonso Magán Pereira, quien la rebautizó “Altamare”. Luego fue adquirida por capitales chinos de “Shanghai Fishery Group”, pero siempre bajo el control remoto desde Vigo, revela el documento.
Magán era sobrino de los socios fundadores. En Malvinas operan con la empresa “Argos Pereira Ltda”, propietaria de dos barcos arrastreros. “Bricel”, la otra nueva filial del grupo en Argentina es controlada por “Alma Sea Products SL”, una sociedad controlada por Magán Pereira.
En el caso de Wofco, puntualiza el Informe que adquirió casi el 48% de Conarpesa y “Pesquera Cruz del Sur” a través de “Fandicosta” a principios del 2024. El vínculo con Malvinas lo ubica en el empresario Alberto Barreiro Nuñez a través de Frigoríficos Del Morrazo, empresa viguesa que compró “Lafonia” en 2016, que a su vez controla la mayoría accionaria de la Joint Venture “Polar Seafish Ltd”.
La historia de “Pescapuerta”, su continuidad jurídica, “Estrella Patagónica” en el 2015, Buenaventura Lafuente Matos, “Merkent SL”, la empresa que la controla y que tiene la misma dirección y correo electrónico que la empresa madre, y el vínculo con Malvinas es la más conocida porque tomó estado público en el 2020, bajo la administración pesquera de Carlos Liberman. El Subsecretario abrió un sumario que no sumó más de una docena de fojas. Estrella brilla cada vez con más fuerza en el firmamento pesquero argentino.
El otro informe sintetiza el esquema societario y operativo del grupo español Rampesca-Lanzal y su red de filiales en Argentina, principalmente “Pesquera San Isidro”. Identifica a Damián Puebla como el nexo jurídico y operativo que une las firmas comerciales en ambos lados del océano atlántico. “Kalamar Ltd y Ferralemes Ltd” que aparecen como sociedades británicas en las que Rampesca tiene participación accionaria y que pescan en aguas de las islas.
Al cierre de esta columna todavía no había podido confirmar quién o desde donde brotaron los PDF que hilvanan los vínculos comerciales y societarios de todas estas empresas y que confrontarían con lo que marca la Ley 26.386.
Sí que Arturo Idoyaga Molina está al tanto de la situación y comenzó a pedir documentación a cada una de ellas para tener información actualizada sobre su conformación patrimonial y societaria. Desde todas las empresas el Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera recibió el mismo mensaje: “Quedate tranquilo Arturo que nada tenemos que ver con Malvinas”, insistieron.
El punto es que la ley también exige que las empresas no mantengan “relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con personas físicas o jurídicas vinculadas a la pesca ilegal en el país”. Y acá está el gran interrogante que deberán despejar las empresas involucradas. Suponiendo que no haya vínculos societarios, con mayor o menor incidencia, pocos podrán decir que no existen vínculos comerciales entre ellas.
Está claro que nadie apuesta a que este gobierno vaya a fondo y llegue a retirar los permisos de pesca y cuotas como marca la ley. Las asignadas de merluza y las que podrían recibir en la futura cuotificación de langostino. Pero qué valor tendrán esos activos si quedan bajo investigación de una jueza federal de Tierra del Fuego.
Buen domingo