Por: Roberto Garrone
La imagen es algo difusa y fue captada por un turista desde el extremo de la Escollera Sur. Un buque fresquero de altura, no se alcanza a distinguir el nombre, se debate en medio de un fuerte temporal en la boga del puerto. En soledad, avanza como puede, cruzado por fuertes vientos que despiertan olas de más de tres metros. De pronto quien filma gira el celular, el plano cambia y la imagen es otra. El buque que navegaba a buen resguardo parece caerse al abismo.
Cuando Sandra Fojo sugirió aplazar el acuerdo para destrabar la flota tangonera congeladora a las vísperas del vencimiento de los mandatos de Durdos y compañía, la mesa chica de la patronal debió modificar la hoja de ruta de la temporada.
Obvio que la institutriz de la Junta Electoral piensa en los intereses de sus abonados. Además de la poda sustancial en los ingresos –Alexis López calculó en “Desde el Muelle” que serían unos 600 mil pesos por marea para cada operario de planta, sin contar el recorte por impuesto a las ganancias-, la estrategia de la abogada del SOMU les hizo perder a varios la marea del norte.
No a todos porque las empresas no moverían la flota completa para agotar el recurso en una semana, pero si a varios. Incluso algunos gerentes se habían comprometido con sus tripulaciones a anticipar la temporada. Ahora el único que está apurado es Frías que presiona y advierte que no firmó con todos para garantizarse el aporte extraordinario en obra social y capacitación.
Solimeno tal vez hubiese movido antes de la ciclo génesis que afecta a todo el litoral marítimo si CEPA hubiese firmado también con SIMAPE en espejo a lo que firmó el SOMU. “A Tony lo informan mal”, aclararon en el sindicato de pescadores para desmentir que se hayan negado a firmar lo que firmó Durdos.
En realidad no los convocaron por sugerencia de Otto Wöhler (h), el propio presidente, temeroso que pongan algún obstáculo. Trueba no se niega a la tablita pero sí a cambiar las condiciones del aguinaldo, que los socios del Consejo pagan al mejor mes. Diferente a las cámaras patagónicas que lo hacen a promedio.
Recordemos que Mariano Pérez intentó este año ir por esa modificación pero el directivo de “Xeitosiño” no fue más allá de verbalizar la intención de liquidar por la Ley de Navegación: aguinaldo en un pago y a promedio. Cuando desde el gremio lo invitaron a discutir en la justicia dejó de insistir.
“No gané nunca un juicio laboral”, dijo una vez Solimeno. Pérez, quizás, algún día, persuada a sus patrones de la conveniencia de salir de CEPA. Pasada la tormenta, firmarán mañana lunes o el martes. Ahora ya no hay tanto apuro. Los langostinos están en Ruta 3, “Tony” dixit.
¿Lo tendrá, al apuro, digo, Idoyaga Molina para avanzar con su proyecto de plan canje de cuota, luego que Solimeno advierta que hay que cumplir la ley, no violarla? ¿Tony lo habrá dicho por convicción o porque recalculó cuando desde la Cámara de Armadores mencionaron la necesidad de transparentar los coeficientes de conversión?
Los que no recalculan pese a que la lluvia de apertura de sumarios por supuestas infracciones se intensificó esta semana, son los armadores fresqueros de altura. No recalculan en la intención que alguien los escuche. La foto de la “unidad” para gritar “basta” desde Coomarpes posiblemente tenga la misma suerte que hasta ahora. Ni el Intendente, cuando los recibió, hizo público el encuentro.
El acuerdo paritario con los gremios marítimos se ha dilatado un mes por la suba del combustible. Desde los sindicatos presionan con la seguridad en la navegación y la porción del sueldo que ni asoma por el recibo para arañar un punto más de aumento. Las empresas firmarán lo que no pueden pagar con tal de mojar los tangones en nación y pensar en una remontada salvadora con un langostino que valga más que dos dólares.
“La rebaja en el DUE no nos hizo ni cosquillas”, reconoció Enrique Di Constanzo esta semana. Lo mismo haría a esta altura la eliminación de los derechos de exportación. El dirigente de la flota costera expuso que los plazos para pagar el combustible se acortaron en la flota y eso elevó la tensión de la ya desvencijada cadena de pagos.
Ahogados por la demora en el reintegro del IVA, los frigoríficos deben apurar pagos para que los pescadores puedan volver a cargar combustible.
Emparchada y atada con alambre, la rueda sigue funcionando. Pero se demoran pagos a otros proveedores. Talleres navales están recibiendo cheques para el 2027. Y ahí no tienen que cargar gas oil pero pagaron los salarios de abril con el reajuste del 3,8% que acordaron con el SAON para la media docena de obreros navales.
Mientras las empresas se desangran y los gremios rechazan ser la variable de ajuste, en la Subsecretaría de Pesca animan una realidad paralela donde todo es o puede ser posible.
El viernes comunicaron al sector que hasta el 29 de mayo tendrán tiempo de presentar la declaración jurada de inversiones. Se entiende como el abono del terreno para la futura cuotificación de langostino, aunque entre los requisitos no se solicita la cantidad de trabajadores vinculados a la producción.
La declaración debe incluir datos de la empresa, inversiones en buques, la infraestructura en tierra y el equipamiento incorporado. Alguno la tendrá difícil cuando deba aclarar el origen de los fondos que habitaron adquisiciones y mejoras.
El pedido abarca los ejercicios fiscales de los años 2022, 2023 y 2024. “El propósito de esta medida es generar un relevamiento estadístico sólido que nos permita entender mejor la realidad actual del sector pesquero, analizando el nivel de inversión en flota, plantas y tecnología para fortalecer el desarrollo de la actividad a nivel nacional”, señala la nota firmada por Arturo Idoyaga Molina.
Si ya son capaces de digitar el sorteo de las prospecciones, elegir a dedo los inspectores que suben a los barcos factoría, falsificar facturas que avalen el cumplimiento del reproceso de calamar en tierra, eximir infracciones por ausencia de coeficientes de conversión en tangoneros congeladores, cuando ya los dibujan en los arrastreros…
Si habilitan planes especiales de pago que no figuran en ninguna normativa y transforman cuota fresquera en congeladora, por qué no podrían tener la facultad de presenciar “in situ” la veracidad de la información declarada.
Si algo más les faltaba a los integrantes de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización pesquera es transformarse en peritos en inversiones.
Buen domingo.