La crisis que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a quedar en el centro de la escena política en Mar del Plata, luego de que el Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, Marcelo Lacedonia, reclamara públicamente la intervención de la obra social bonaerense y apuntara directamente a la responsabilidad política del gobernador Axel Kicillof.
El planteo fue realizado en el marco de la visita del mandatario provincial a la ciudad para participar del cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, contexto que Lacedonia consideró “una oportunidad ineludible” para abordar la situación que afecta a miles de trabajadores activos, jubilados y sus familias.
“El IOMA fue concebido para proteger a los trabajadores bonaerenses y hoy son esos mismos trabajadores quienes sienten que el sistema no les está dando respuestas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, al advertir sobre las crecientes dificultades para acceder a prestaciones básicas de salud.
Entre los principales problemas mencionados se encuentran las demoras en autorizaciones, interrupciones de tratamientos, falta de provisión de medicamentos e insumos, conflictos con prestadores y una creciente judicialización de los reclamos.
Según Lacedonia, la situación en General Pueyrredon resulta especialmente crítica debido al deterioro progresivo del sistema durante los últimos años. En ese sentido, señaló que distintos esquemas de intermediación y gerenciamiento no lograron mejorar la capacidad de respuesta y derivaron en la pérdida de prestadores y mayores dificultades para acceder a servicios esenciales.
Además, cuestionó el reemplazo de actores locales por empresas provenientes de otras ciudades, incluso en áreas sensibles como las internaciones domiciliarias.
“Los tiempos del IOMA terminan imponiéndose sobre los tiempos de la medicina. Los reclamos se reiteran, los tratamientos se demoran y los afiliados se sienten cada vez más desprotegidos”, afirmó.
El Defensor también criticó la contradicción entre el discurso oficial sobre la “soberanía sanitaria” y la creciente tercerización de prestaciones en distintas regiones de la provincia.
“La discusión no es pública o privada. La discusión es si el afiliado recibe la prestación que necesita, cuándo la necesita y con la calidad que corresponde”, remarcó.
En uno de los tramos más duros de su pronunciamiento, Lacedonia sostuvo que “cuando los problemas se repiten durante años y afectan derechos esenciales, dejan de ser un problema administrativo para convertirse en una responsabilidad política”.
Por ese motivo, pidió que el gobernador impulse ante la Legislatura bonaerense el procedimiento necesario para intervenir el IOMA y designar un interventor con facultades para realizar una auditoría integral administrativa, financiera y prestacional.
La propuesta incluye revisar los esquemas de tercerización vigentes, transparentar contrataciones, recuperar capacidad operativa y fortalecer las redes prestacionales locales.
“Las intervenciones no existen para castigar personas. Existen para recuperar instituciones que han perdido capacidad de respuesta”, concluyó Lacedonia, al advertir que “ya no puede ocurrir que la Provincia siga observando pasivamente cómo se deteriora la obra social más importante de los bonaerenses mientras miles de afiliados esperan respuestas que nunca llegan”.