La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) estará en plena vigencia a partir del 24 de enero, día en que la aplicación de la norma será «inmediata».

«Hay que esperar ocho días para que entre en vigencia la ley. A partir del 24 de enero, la aplicación será inmediata porque la reglamentación no hay que esperarla para que el derecho que reconoce la ley sea efectivo», dijo la ministra durante una entrevista con la señal de noticias TN.

Para resumir, señaló que «a partir del 24 de enero, cualquier mujer embarazada que por razones personales decide interrumpir su embarazo antes de la semana 14, puede acudir a su obra social, prepaga, sala de atención o establecimiento de salud y estos deben proveerle esa posibilidad y en los diez días posteriores debe ser garantizado su derecho».

En esa línea, la funcionaria precisó que «ya se está distribuyendo en todo el país a través del Programa Cuidar el medicamento» que se aplica para generar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.

Este medicamento, según dijo, «debe ser recetado por un médico» y «no requiere internación» para su aplicación, que puede hacerse en el hogar, pero sí necesita con posterioridad «controles ambulatorios».

La ministra asumió que «no resultará sencillo» este proceso, ya que «en algunos lugares van a poner sus obstáculos».

Por eso, se dispuso una línea gratuita (0800 222344) para los casos en que una mujer haya sacado turno o haya ido a una salita o acudido a un centro de salud y encontrara un obstáculo.

En esa línea estará disponible un equipo del ministerio de Salud «los siete días de la semana, para atender» esos casos, agregó.

Ese equipo, dijo Gómez Alcorta, «trabajará para que esa mujer que reclama esa práctica sea derivada a otro lugar», pero también se activará un seguimiento para corroborar el motivo del incumplimiento por parte del establecimiento de salud, o la obra social, o la prepaga, o el médico o la salita.

Además, «a partir del 24», paralelamente con la aplicación de la ley, «se extinguirán las más de 1.500 causas penales en trámite contra médicos o mujeres que abortaron, porque deja de ser un delito, incluso para quiénes están cumpliendo sus condenas», recordó la funcionaria.

Existirá además una red en todas las provincias para que este derecho esté garantizado y se respetará también, tal como dispone la ley, el derecho del médico o enfermero a no realizar la práctica «por razones de conciencia personal».

Pero dejó claro que «si un médico ejerce su derecho de negarse a practicar un aborto por objeción de conciencia, tiene la obligación de derivar con alguien que sí lo haga».

«Si no responden de ese modo, hay que comunicarse con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud al 0800-222-3444 para que los especialistas del área puedan asistir en garantizar el cumplimiento del derecho», indicó Gómez Alcorta.


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