Hay decisiones políticas que pueden explicarse desde la legalidad, pero que no necesariamente resisten el análisis de la responsabilidad institucional. El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia de General Pueyrredon es una de ellas.
La pregunta es inevitable: ¿a qué volvió Montenegro?
El intendente eligió dejar el gobierno municipal para ocupar una banca en el Senado bonaerense. No renunció, pidió licencia y dejó a Agustín Neme al frente de la administración. Diez meses después, decidió regresar y recuperar el despacho que había abandonado para emprender otro camino político.
En términos formales, los mecanismos institucionales permiten estos movimientos. Pero la legalidad de una decisión no la vuelve necesariamente saludable para la vida política de una ciudad. Porque hay algo que parece haberse perdido en esta sucesión de movimientos: el respeto por la institución que representa el intendente.
El sillón municipal no es un asiento que se ocupa cuando conviene, se deja vacante cuando aparece una oportunidad política y se recupera cuando las circunstancias aconsejan volver. Representa la máxima responsabilidad ejecutiva de una ciudad con cientos de miles de habitantes, problemas estructurales y demandas que no se toman licencia.
Por eso, el manoseo al que queda expuesta la figura del intendente no es una cuestión menor. Cuando quien fue elegido para conducir la ciudad se marcha para asumir otro cargo y luego regresa, la institución corre el riesgo de quedar subordinada a las decisiones personales de quien circunstancialmente la encabeza. El mensaje que se transmite es preocupante: la Intendencia parece convertirse en una estación de paso antes que en una responsabilidad asumida con vocación de continuidad.
Montenegro puede argumentar que la situación de inseguridad exige su presencia al frente del Ejecutivo municipal. Es una preocupación legítima y los vecinos tienen derecho a reclamar respuestas. Pero el argumento abre otro interrogante: ¿la inseguridad apareció durante estos diez meses o ya formaba parte de los problemas que existían cuando decidió irse?
Si la situación se agravó, corresponde explicar por qué. Si la gestión necesitaba una conducción más activa, también corresponde reconocerlo. Y si Agustín Neme estaba en condiciones de gobernar con el respaldo del mismo espacio político, habrá que explicar qué cambió para que el regreso del intendente se volviera necesario.
Lo que no resulta razonable es presentar la vuelta como si se tratara de un acto aislado de compromiso con la ciudad, desconectado de la decisión anterior de abandonarla políticamente. La responsabilidad de Montenegro no comenzó con su regreso. Tampoco desapareció durante su licencia.
El problema excede, incluso, a los nombres propios. ¿Qué valor tiene la figura del intendente si puede ser reemplazada temporalmente, recuperada y utilizada como una pieza más del tablero político? ¿Qué autoridad institucional conserva quien deja la conducción para asumir otro cargo y después vuelve porque considera que las circunstancias lo requieren? ¿Qué lugar ocupa el mandato de los vecinos frente a las necesidades y oportunidades de la dirigencia?
No se trata de negar el derecho de un dirigente a revisar sus decisiones. Rectificar puede ser una muestra de responsabilidad. Pero para que lo sea, hace falta explicar los motivos, reconocer las consecuencias y asumir los costos políticos de lo decidido. De lo contrario, la rectificación corre el riesgo de convertirse en una simple adaptación a las circunstancias.
También corresponde preguntarse qué balance hace el propio oficialismo de estos diez meses. Si el gobierno municipal mantuvo el rumbo, ¿por qué fue necesario el regreso? Si hubo cuestiones que no funcionaron, ¿cuáles fueron los errores y quién se hace responsable por ellos? La ciudadanía no puede quedar reducida al papel de espectadora de una interna de decisiones que se anuncian sin una explicación suficiente.
Mar del Plata tiene problemas que no admiten improvisaciones ni cambios de conducción guiados por las urgencias del momento. La inseguridad es uno de ellos, pero no el único. El empleo, los servicios públicos, la situación de los barrios y las dificultades económicas de miles de familias requieren una gestión que tenga continuidad y objetivos claros.
La ciudad necesita saber qué pretende hacer Montenegro desde ahora, qué medidas concretas piensa impulsar y por qué su presencia resulta hoy indispensable, cuando hace apenas unos meses eligió que su lugar estuviera en otro ámbito institucional.
Porque, al final, la discusión no pasa solamente por el regreso de un dirigente. Pasa por la valoración de las instituciones y por el respeto que merece una responsabilidad conferida por el voto popular.
Montenegro se fue por decisión propia y volvió por decisión propia. Pero la Intendencia no es de su propiedad, ni el sillón municipal una pertenencia personal que pueda guardarse y recuperarse según las necesidades políticas.
