El Gobierno public贸 esta medianoche en el Bolet铆n Oficial el decreto 516/2021, a trav茅s del cual se reglamenta la ley de Acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (27610, sancionada el 30 de diciembre de 2020) y estableci贸 como autoridad de aplicaci贸n de la norma al Ministerio de Salud de la Naci贸n.

Con las firmas del presidente Alberto Fern谩ndez, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y las ministras Carla Vizzotti (Salud) y Elizabeth G贸mez Alcorta (Mujeres, G茅neros y Diversidad), el decreto 516 contiene s贸lo tres art铆culos, aunque el primero de ellos es el m谩s importante porque aprueba el anexo con las reglamentaciones de la ley aprobada en el Congreso.

El anexo en cuesti贸n contiene los detalles de la reglamentaci贸n 芦del acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo y de la Atenci贸n postaborto禄 y lleva la firma de la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado.

Dicha reglamentaci贸n precisa de qu茅 manera se va a llevar a la pr谩ctica el 芦ejercicio del derecho a la confidencialidad禄 como tambi茅n se establecen 芦las condiciones de otorgamiento del consentimiento informado禄.

Tambi茅n se dispone c贸mo se aplicar谩 el contenido de la ley 27610 en el marco de 芦la situaci贸n de las personas con capacidad de restringida禄 y se fijan cu谩les ser谩n 芦los supuestos en los cuales los o las profesionales de la salud no podr谩n alegar objeci贸n de conciencia禄.

En el caso de la objeci贸n de conciencia, se establece que 芦el personal de salud no podr谩 negarse a la realizaci贸n de la interrupci贸n del embarazo en caso de emergencia, cuando la pr谩ctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realizaci贸n inmediata pondr铆a en riesgo la salud f铆sica o la vida de la persona gestante禄.

Otra de las obligaciones que establece la reglamentaci贸n es 芦el deber de confidencialidad禄 que debe cumplir 芦toda persona que acceda a la documentaci贸n cl铆nica de las prestaciones reguladas禄 por la ley de Acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo, por lo cual ning煤n profesional de la salud 芦podr谩 entregar informaci贸n obtenida en el marco de la atenci贸n sanitaria a ninguna persona, salvo que exista orden judicial expresa禄. (Telam)


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