El Gobierno nacional ratificó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político a la Corte Suprema, mientras el bloque del Frente de Todos (FdT) se apresta a presentar en las próximas horas un proyecto para sustituir a los magistrados que integran el máximo tribunal.
«Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso», señaló la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en declaraciones a Télam.
De esta forma, la Portavoz desmintió cambios en los plazos que se fijo el Gobierno para el llamado a extraordinaria, y se remitió a la información que brindó el jueves pasado, cuando contó en Casa Rosada que el presidente Alberto Fernández pretendía que «los tiempos sean lo más breves posibles» en relación al trámite del pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Cerruti había asegurado que «la mayoría de los mandatarios» provinciales acompañan esta iniciativa enviada al Congreso y que «la necesidad pasa, ahora, por juntar voluntades» en la Cámara de Diputados para avanzar con este proceso de juicio político al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, que requiere del apoyo de una mayoría especial de los dos tercios de los presentes en el cuerpo para que prospere.
«El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución», había remarcado la Portavoz en esa oportunidad.
El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno se basa en la actuación del máximo tribunal en relación al Consejo de la Magistratura y al reclamo de la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación.
El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Ronzenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.
Fernández entregó a la Cámara de Diputados esta solicitud y pidió su «pronto tratamiento legislativo» a Germán Martínez, titular de la bancada del FdT en la cámara baja, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.
La decisión de iniciar un proceso contra los integrantes del organismo se dio tras la difusión de conversaciones por chat que Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal mantuvo, presumiblemente, con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro.
En esos intercambios, Robles le indicaba al funcionario porteño (actualmente en uso de licencia para preparar su defensa) que estrategias debía seguir el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para obtener un fallo favorable por parte de la Corte en la disputa con Nación por los fondos coparticipables, algo que finalmente se produjo.
En tanto, diputados del FdT avanzan en la elaboración del texto del proyecto que presentarán «entre hoy y mañana» en la cámara baja para abrir el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por Fernández y los gobernadores, una vez que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias e incluya el debate de esa iniciativa. (Telam)