El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”.
La denuncia es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso ocurrió.
El escrito tiene correlación con la denuncia sobre toneladas de alimentos secos que salían de los depósitos del exministerio de Desarrollo: los palets eran cargados en camiones fletados por el organismo y de allí terminaban en galpones de las organizaciones sociales agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la mayoría alineada con el entonces gobierno de Alberto Fernández, y en menor medida a movimientos piqueteros.
Sin embargo, esta es la primera vez que la subsecretaria Legal de Capital Humano, a cargo de Leila Daniela Gianni, da nombres de comedores “inexistentes”. Algunos de los ejemplos volcados en la denuncia son: Conquistando Sonrisas, Pequeños Gigantes de Quilmes, Cielos Abiertos, Luz de Luna de Pereyra, Esperanza, Los Peques de San Alberto y Luz y Esperanza. Estos lugares, precisa el escrito, “no funcionan como tal”. Es más, se afirma, “no existían los domicilios declarados como supuestos comedores”. Otro ejemplo de la ausencia de control de la excartera social que estuvo a cargo de los actuales diputados nacionales de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz y del ex intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta.
El caso emblemático de la denuncia es el del supuesto comedor Gauchito Gil: al intentar constatar su existencia, se determinó que “en su lugar en realidad hay un barrio privado”.
En Sol de Barrio no fue posible localizar la dirección, y los vecinos aseguran que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular se confirmó que tampoco existían”.
De las auditorías surgió que “de la totalidad de los comedores solo se pudieron relevar la mitad: 52,3%”. El restante 47,7% no pudo relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
Por estas razones, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
Entre las tipificaciones del posible delito el escrito cita los de “incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública”
El escrito consta de 14 fojas. En la cuarta, se sostiene: “Lo cierto es que de las auditorías ya realizadas por este Ministerio de Capital Humano (y de las que se encuentran en curso actualmente también) surge que el Gobierno anterior no controló a los comedores matriculados durante los años de gestión de los programas sociales ‘Argentina contra el hambre’”.
Ese programa había sido anunciado con bombos y platillos por la administración Fernández durante la pandemia del COVID-19, cuando se aseguró: “El Plan Argentina contra el Hambre se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Implica la promoción y fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos”.
En los spots publicitario se afirmaba que “11,2 millones de personas reciben asistencia alimentaria en todo el país”, y se detallaba que desde enero de 2020 a julio de ese año se habían invertido $ 69.745 millones en alimentos entregados posiblemente a muchos comedores que existían, pero otros que no. Ahora será la Justicia la que deberá investigar a dónde fueron esos alimentos y si en realidad salieron del ex Ministerio de Desarrollo Social. (con información de Infobae)