En Mar del Plata hay una discusión que no admite dobles interpretaciones. Delincuente es quien viola la ley. Lo es quien ocupa ilegalmente un espacio público para desarrollar una actividad prohibida, pero también quien apunta con un arma a un vecino, le roba el celular, la moto o el auto y huye sembrando miedo. La diferencia es que unos parecen ocupar más lugar en el discurso oficial que otros.
En los últimos meses, el gobierno municipal mostró un fuerte énfasis en la necesidad de recuperar el espacio público. La lucha contra los manteros, los trapitos y otras actividades ilegales se convirtió en una de sus principales banderas. Una política legítima si el objetivo es garantizar el orden. Sin embargo, esa firmeza no parece encontrar el mismo correlato cuando la preocupación pasa por los motochorros que, todos los días, convierten distintos barrios de la ciudad en escenario de violentos asaltos.
Las últimas semanas dejaron una sucesión de robos que encendieron las alarmas, especialmente en la zona norte. Vecinos movilizados, familias que modifican sus rutinas, cámaras de seguridad que registran escenas cada vez más violentas y una sensación creciente de que el delito avanza más rápido que las respuestas del Estado.
La seguridad pública no depende exclusivamente del Municipio. La conducción de la Policía corresponde a la Provincia y la Justicia también tiene responsabilidades ineludibles. Pero eso no exime al gobierno local de ejercer un liderazgo político firme. Así como se reclama con vehemencia por otras cuestiones, también debería existir una exigencia permanente y pública hacia las autoridades provinciales responsables de la seguridad, reclamando más efectivos, más patrullajes, más recursos y resultados concretos.
Porque gobernar también implica representar la preocupación de los vecinos. Y hoy esa preocupación tiene nombre y apellido: la inseguridad.
No alcanza con señalar que la competencia es provincial. Los marplatenses esperan que su intendente sea el primero en golpear las puertas que hagan falta para exigir respuestas. Que convoque, que gestione, que reclame y que mantenga el tema en el centro de la agenda hasta que los resultados aparezcan.
Mientras tanto, la ciudad sigue adaptándose al miedo. Se multiplican las cámaras privadas, las alarmas, los grupos de WhatsApp y las rejas. Son los vecinos quienes cambian sus hábitos, mientras los delincuentes cambian apenas de barrio para seguir actuando.
La inseguridad no distingue sectores sociales ni barrios. Tampoco distingue entre quienes salen a trabajar, a estudiar o simplemente a caminar. Por eso tampoco debería haber diferencias en la energía política destinada a combatir cada forma de ilegalidad.
Recuperar el espacio público es importante. Pero recuperar la tranquilidad de quienes transitan ese espacio es mucho más urgente.
Porque, al fin y al cabo, delincuentes son todos. Los que usurpan una vereda y los que asaltan a punta de pistola. La diferencia es que unos afectan el orden urbano y los otros ponen en riesgo la vida. Y esa diferencia debería reflejarse, también, en las prioridades de quienes gobiernan.
