El Gobierno Nacional quiere eliminar por decreto de necesidad y urgencia la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández.
Abogados del Ministerio de Economía están estudiando las consecuencias legales de un DNU de esas caraceterísticas, según indicó el sitio especializado en energía Econojournal.
La ampliación del esquema de subsidios al consumo de gas en zonas frías -que este año le costará al Tesoro unos US$ 300 millones– se aprobó en 2021 a través de la ley 27.637, e incorporó a 3,1 millones de usuarios, entre los que se encuentran los de Mar del Plata y el resto del interior bonaerense.
El ministro de Economía, Luis Caputo, quiere retrotraer la ampliación aprobada en 2021 del Régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia hasta un 50% del costo del gas natural para usuarios ubicados en áreas consideradas por el Estado de ‘bajas temperaturas’.
Se trata de un esquema que, cuando se creó, a principios de este siglo XXI, subvencionaba la demanda del fluido en la Patagonia, una región indefectiblemente afectada por severas condiciones climatológicas, pero que durante el gobierno de Alberto Fernández se extendió -utilizando dudosos criterios técnicos- a la mitad de los usuarios residenciales de gas natural del país.
Por ejemplo, el régimen de Zona Fría no distingue el ingreso socioeconómico ni el poder adquisitivo del hogar beneficiado.
De ese modo, tras la expansión del esquema en 2021 impulsado por el kirchnerismo, miles de personas de ingresos medio-altos de la zona núcleo con mayores ingresos del país, como por ejemplo el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y también Mendoza, reciben un subsidio importante al consumo de gas.
Ese subsidio se financia con una doble vía: a través de un recargo de casi 7% en la factura de gas que pagan todo el resto de los usuarios -inclusive aquellos hogares de bajos recursos que terminan transfiriendo, a contramano de toda lógica redistributiva, parte de su renta a personas de mayores ingresos socioeconómicos-.
Y por el otro, por medio de aportes directos del Tesoro Nacional, pese a que cuando se aprobó la ampliación del régimen referentes energéticos del kirchnerismo prometieron que no sería necesario que el Estado destine fondos de forma directa para financiar el funcionamiento del sistema.