A raíz del decreto 345/25 del gobierno nacional, distintos colectivos de teatristas de Mar del Plata convocan a una asamblea abierta este sábado a las 11 en El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) para conocer cómo afecta está medida en el sector artístico y cultural independiente y pensar acciones ante el detrimento de la cultura.
“El ataque al Instituto Nacional del Teatro (INT) y a la Ley Nacional del Teatro (24.800) no es nuevo, sino que se inscribe en uno de los tantos ataques que venimos recibiendo hace un año y medio por un gobierno que hambrea y reprime al pueblo, que lo deja sin las herramientas esenciales para trabajar en ámbitos como la educación y la cultura. Como vienen sufriendo las Universidades, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA) ahora es el turno del INT”, exponen.
Por este motivo y a una semana de la promulgación del decreto, invitan a la comunidad artística y cultural a participar de la asamblea que se llevará a cabo este sábado a las 11 en El Galpón de las Artes, ubicado en Jujuy 2755. “Repudiamos el decreto y por eso proponemos que además de poner el cuerpo en escena lo hagamos también en la calle; es el momento. Ante el avasallamiento de nuestros derechos creemos que es necesario encontrarse para reflexionar sobre el quehacer teatral y las políticas públicas”, indican.
Desde la Asociación de Teatristas de la Región Atlántica (ATTRA), la Red de Salas local, profesores de teatro nucleados en Dramatiza y DraMar coinciden en el vaciamiento que implica la eliminación de la Ley 24.800, que a través del decreto 345/25 apela al desmantelamiento del Instituto Nacional de Teatro. “Las políticas culturales están en riesgo ya que a través de esta medida pierde su autonomía y elimina la representación federal”, señalan.
Asimismo recordaron que el INT es un ente autárquico, es decir que “no depende del Tesoro Nacional”. El propio organismo administra los ciclos, programaciones y apoyos en base a lo recaudado mediante las asignaciones específicas. En concreto el 95% proviene del gravamen recaudado por ENACOM y el 5% a través del juego de azar. “Tiene un financiamiento propio, además es de bajo costo por alto impacto”, subrayan.
A su vez, explicaron que el INT “cuenta con una unidad de auditoría interna que cuenta con las normativas que exigen: las convocatorias son públicas, evaluadas por jurados concursados y los resultados están disponibles online; hay transparencia y que ahora se está cuestionando a través del decreto presidencial”.
En cuanto al funcionamiento que queda más afectado, sostuvieron que la medida afectará la dirección ejecutiva y consejo democrático. “Es un consejo de dirección integrado por representantes de las seis regiones y otras cuatro del quehacer teatral; todos elegidos por concurso público y participativo. Es mentira que haya corrupción”, destacaron.
Cabe recordar que la Ley Nacional del Teatro (1997) fue impulsada por diferentes colectivos y organismos teatristas. “No podemos pasar por alto la lucha de quienes nos antecedieron, urge que nos encontremos para defender al INT”, cerraron.