A instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Agrupación Hotelera y Gastronómica 25 de Mayo impugnó y solicitó que se rechace la prórroga del acuerdo de suspensiones y rebajas salariales fundado en el artículo N°223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en defensa de los trabajadores y las trabajadoras del sector que «no pueden seguir siendo rehenes de esta maniobra que infringe la Constitución Nacional».
La presentación firmada por Pablo Santín, integrante de UTHGRA y referente de la Agrupación, está dirigida al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni.
En la misma consta la voluntad de «impugnar el acuerdo» -y las sucesivas prórrogas- celebrado entre la Federación Empresaria Hotelero Gastronómica (FEHGRA) y UTHGRA, solicitando su rechazo por resultar «abiertamente inconstitucional», al igual que la normativa en que pretenden sustentarse (resolución 397/2020, acuerdo entre la CGT/UIA que incorpora la misma, decreto 529/2020) los que «resultan completamente violatorios de la intangibilidad del salario consagrada en nuestra norma suprema», según consta en la presentación.
Santín indicó al respecto que los artículos 14 bis y 75 de la Constitución establecen la «intangibilidad del salario y el derecho protectorio» y advierten que «cualquier prórroga del artículo 223 estaría violentando el salario», derechos que «están siendo vulnerados desde el inicio de la pandemia».
El 29 de abril del año pasado, UTHGRA y la Federación acordaron la «suspensión del contrato laboral (desde el 1° de abril de 2020), acordada en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo por el plazo de sesenta días», lo que implicó que el personal suspendido percibiera solo un 75% de su salario.
Así, el dirigente señaló que los acuerdos que aplican el artículo 223 Bis no sólo afectan a los trabajadores sino que además «están violentando la remuneración íntegra del salario» nada menos que en el marco de la pandemia, que dejó a más del 60% de los hoteleros y gastronómicos por debajo de la línea de pobreza.
Pablo Santín no sólo se opuso fervientemente a este acuerdo, sino que además remarcó que, en la práctica, los hoteleros y gastronómicos «han sido perjudicados en un porcentaje muy superior al indicado en el acuerdo, ya que la base utilizada para el cálculo de este porcentaje resulta inferior a la de un sueldo de convenio por tiempo completo, dado que la realidad de fraude laboral imperante en nuestra actividad (con sueldos en los que sólo una parte figura blanco) resulta sensiblemente inferior a la que correspondería».
Con lo cual, trabajadores y trabajadoras «no cobran ni siquiera el falso número del 75% de sus haberes -lo cual en sí mismo ya resultaría-, sino en muchos casos cobran apenas un 52% del sueldo neto», subrayó.
El acuerdo «inconstitucional», sin embargo, se fue prorrogando una y otra vez en estos meses.
Recientemente volvió a vencer el 31 de mayo, razón por la que la Agrupación 25 de Mayo acudió formalmente al Ministerio para «rechazar enfáticamente» tanto el acuerdo como las prórrogas y planteó que «no puede seguir aplicándose esta maniobra ilegal».
«Apelamos a que el Ministerio tome una decisión que respalde el derecho de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro rubro, que han sido rehenes de un acuerdo inconstitucional alcanzado entre empresarios y el sindicato a contramano de la situación crítica en la que se encuentran quienes, con sus innumerables esfuerzos, han favorecido la subsistencia de emprendimientos gastronómicos y hoteles a cuesta de sus salarios durante toda la pandemia», completó el autor de la presentación, a la espera de una respuesta que legitime los derechos constitucionales.