Por: Giuliano Falconnat – Ex Presidente, Federación Universitaria Tecnológica
.Consejero Directivo, UTN Mar del Plata
.Dirigente de la Juventud Universitaria Peronista
Uno de los sectores más amenazados y con los cuales mayor tensión ha generado el Gobierno Nacional desde que asumió tiene que ver con la comunidad Universitaria; salarios docentes y
nodocentes que continúan perdiendo poder adquisitivo, estudiantes que sufren el congelamiento de las becas de ayuda social económica y autoridades que reclaman un Presupuesto acorde a los
gastos de funcionamiento de las Instituciones, son los principales focos de conflicto.
El primer quiebre se dio el pasado 23 de abril, momento en el cual se llevó a cabo la masiva Marcha Federal Universitaria, que exigía la actualización de los costos de funcionamiento, discusión en la cual se logró torcer el brazo al Presidente Milei, al Secretario de Educación Carlos Torrendell y al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes debieron acordar con el Consejo Interuniversitario Nacional la readecuación de los fondos.
El conflicto volvió a recrudecer luego de que Milei decida vetar la Ley de Presupuesto, presentada en el Congreso por el Radicalismo y apoyada por el Peronismo para lograr su aprobación en ambas Cámaras.
Al vetar de manera unilateral la Ley que garantizaba de aquí en más los fondos necesarios para que el sistema funcione, desató una segunda Movilización de todo el arco Universitario y de gran parte de la Sociedad en general, la cual reconoce a la Universidad Pública como un pilar fundamental para el desarrollo del país y un motivo de orgullo que nos posiciona ante el mundo (esto último puede verse reflejado en una reciente encuesta de la consultora Zuban Córdoba que arroja +80% de acuerdo con la frase “la Universidad pública ayuda a la movilidad social”). Ver:
https://zubancordoba.com/la-encuesta-que-preocupa-a-javier-milei-en-su-avanzada-contra-lasuniversidades/
Dicho esto, resulta interesante desmitificar algunos de los discursos con los cuales el Gobierno (y sus seguidores), buscan desprestigiar al sistema universitario y justificar su desfinanciamiento: En primer lugar, podemos desterrar la subjetiva importancia que se le da al concepto de
meritocracia, el cual caló hondo durante la Presidencia de Macri y hoy intenta ser instalado nuevamente, dando a entender que aquel que quiere, puede.
En este sentido, resulta útil el siguiente
informe del INDEC, llevado a cabo en 2017 que relaciona el nivel de estudios alcanzados vs los ingresos per cápita del hogar, demostrando de forma categórica que a medida que incrementan los
ingresos familiares, las oportunidades de acceso a la educación son mejores.
Sin ir más lejos, fue Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía en 2001) quien dijo “El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por más idiotas y haraganes que sean. Por ello, deducimos que el mérito de por sí no es un valor.”
Otra frase utilizada con frecuencia para denostar al sistema es “los pobres no acceden a la Universidad”, mentira fácil de tirar por la borda si uno observa este gráfico realizado en base a datos
del anuario 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias, el cual demuestra el porcentaje de estudiantes que son primera generación Universitaria de sus familias, disgregado por Institución y
arroja valores que van desde el 49% para la Facultad de Artes hasta el 87% para la Universidad de José C Paz, es decir, 9 de cada 10 estudiantes tienen padres y madres que no fueron a la Universidad, reflejando un claro aporte a la movilidad social.
Por otro lado, resulta interesante poner el foco a una propuesta que difundió la Fundación Libertad y Progreso en medio del debate por la Ley Presupuestaria. Esta Fundación se presenta como un “think tank” liberal y habla sobre el arancelamiento selectivo de las Universidades, según el nivel de ingresos de los estudiantes, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Si bien un esquema de este tipo puede sonar innovador para algún desprevenido, pone en evidencia algunas cuestiones, por mencionar algunas de ellas:
1-El profundo desconocimiento sobre el estudiantado, ya que muchos jóvenes se mudan de sus ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, debiendo contar con el apoyo económico de sus familias lo cual en este contexto haría imposible que deban también afrontar una cuota.
2-Reafirma lo erróneo de la frase “los pobres no llegan a la Universidad”, demostrando que el 42% del estudiantado proviene de hogares con los niveles socioeconómicos más bajos.
3-Deja de lado que por más que el acceso a la Educación Superior sea gratuito deben afrontarse los costos de transporte, material de estudio, útiles, refrigerio y en muchos casos alquiler, los cuales además sufrieron severos aumentos en los 10 meses que lleva el Gobierno, por lo cual al cobrar una cuota disminuye el poder adquisitivo para afrontar el resto de los gastos, que también contribuyen a la recaudación del Estado y por ende al financiamiento del sistema.
Por último, y entendiendo que sucede al ver el contundente rechazo que la sociedad manifiesta cuando se meten con las Universidades públicas, ahora buscan modificar el enfoque e instalar que “se debe invertir en educación primaria y secundaria, que son obligatorias, para que esas generaciones puedan acceder a la Universidad”, algo que sería lógico y en lo cual muchos mostraríamos apoyo, pero que tampoco sucede ya que no han puesto un centavo en el sistema educativo obligatorio, no han entregado una sola computadora (algo fundamental ya que la pandemia incrementó la brecha digital) y desfinanciaron los comedores escolares, entre otros recortes.
A la hora de alzar la voz y reclamar lo que corresponde, la respuesta es la misma y resuena “NO HAY PLATA”, en lo cual también nos permitimos disentir. A la Secretaría de Inteligencia del Estado le asignaron $100.000.000.000 extras por Decreto los cuales equivalen, por ejemplo, a 101.000 becas Manuel Belgrano para carreras estratégicas durante todo un año (actualmente los cupos disponibles son 36.000).
Este cúmulo de errores, algunos malintencionados y otros propios de la ignorancia y el desconocimiento, ponen de manifiesto un estado de alerta permanente, pero a la par presentan la
oportunidad de llevar a cabo un nuevo hito Universitario. Así como lo fueron la Reforma de 1918, la creación de la Universidad Obrera y posterior quita de aranceles, en 1948 y 1949 respectivamente, y la creación de las Universidades del Conurbano, que llevaron entre 2003 y 2013 del 0,5% al 1%
del PBI el financiamiento y lograron un aumento del 35% en la matrícula, hoy nos toca el desafío de poner en valor al sistema de Educación Superior, motivo de orgullo y pilar del Desarrollo Nacional,
para que el Gobierno comprenda de una vez y para siempre, que la Educación no es déficit.