El grave siniestro ocurrido este lunes frente al skatepark vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Mar del Plata viene postergando desde hace demasiado tiempo: el estado del sistema de transporte público y la responsabilidad que le cabe al Estado municipal en su funcionamiento.
Cada vez que sucede un hecho de estas características aparecen las explicaciones de ocasión, las investigaciones judiciales y las búsquedas de responsabilidades individuales. Sin embargo, existe una responsabilidad política que no puede seguir esquivándose.
El transporte público de pasajeros funciona bajo la órbita de control y regulación del Municipio, que desde hace siete años mantiene sin resolver una nueva licitación del servicio.
En diciembre pasado, el oficialismo aprobó una nueva declaración de emergencia del servicio y otra prórroga de los contratos que se podrán extender hasta mediados de 2027.
Siete años de prórrogas. Siete años de contratos extendidos de manera provisoria. Siete años de incertidumbre para usuarios, trabajadores y empresas. Una situación que genera inseguridad jurídica y que termina impactando directamente en la calidad del servicio que reciben miles de vecinos cada día.
Mientras la política discute expedientes que nunca llegan a una definición, los pasajeros viajan en unidades que en muchos casos muestran el desgaste del paso del tiempo, con frecuencias deficientes, recorridos que no siempre responden a las necesidades actuales de la ciudad y un sistema que parece haber quedado atrapado en una lógica de permanente emergencia.
Pero la discusión no puede agotarse en el estado de los colectivos. También debe incluir los mecanismos de control. Porque tan importante como fiscalizar las condiciones técnicas de las unidades es garantizar que quienes están al volante cuenten con la capacitación, experiencia e idoneidad necesarias para transportar de manera segura a cientos de personas todos los días.
La incorporación de nuevos choferes, en un contexto de creciente demanda laboral y dificultades para cubrir puestos, exige controles rigurosos y permanentes. No alcanza con confiar en que las empresas harán lo correcto. El Estado tiene la obligación de verificar, auditar y controlar.
Cuando una licitación permanece empantanada durante años, cuando los contratos se prorrogan indefinidamente y cuando los controles parecen llegar siempre después de los problemas, la responsabilidad deja de ser exclusivamente empresarial para transformarse también en una responsabilidad política.
Mar del Plata necesita discutir seriamente qué sistema de transporte quiere para las próximas décadas. No puede seguir administrando parches ni acostumbrándose a que la excepcionalidad sea la norma. Porque detrás de cada colectivo hay trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que merecen viajar seguros.
La seguridad vial no depende únicamente de quien conduce. También depende de quienes gobiernan, controlan y toman decisiones. Y cuando esas decisiones se postergan durante años, las consecuencias terminan viajando con todos los marplatenses.
