La doctora Mónica Cotroneo, ex asesora de menores y Alejandra Germinario, Coordinadora del Servicio Zonal de Niñez emitieron una nota aclaratoria relacionada con el caso de Yazmín, la beba de 11 meses fallecida el pasado 10 de octubre en el Hospital Materno Infantil.

“Ante el cúmulo de opiniones infundadas en relación a la muerte de la pequeña de 11 meses, y que motivara la instrucción de una causa penal para investigar el presunto abuso sexual y homicidio de la menor, nos es indispensable hacer aclaraciones públicas, dado que hemos sido mencionadas como funcionarias intervinientes en el tema”, señalaron.

Las integrantes del servicio zonal del sistema de protección integral de los derechos de la niñez expresaron su “incomodidad y pudor ante la inadecuada mediatización del caso por medio de publicaciones periodísticas con opiniones de quienes no han tenido intervención en las actuaciones que tramitan por ante los tribunales de familia departamentales, y que continúan tramitando”.

“Si bien a lo largo de nuestra dilatada carrera en el tema de niñez y adolescencia, hemos sostenido como prioridad agotar los medios legales, sociales y comunitarios para que los niños con derechos vulnerados permanezcan con su familia de origen, buscando alternativas para restituir esos derechos amenazados o vulnerados. También hemos dictaminado en infinidad de casos, que correspondía derivarlos a hogares e instituciones que los abrigaran hasta iniciar el procedimiento de guarda con fines de adopción, cuando fracasaron esos abordajes”, indicaron.

En lo que hace a este caso en particular dejaron en claro que “no es cierto que nosotras promoviéramos el reintegro de los niños a la familia Picart-Sosa, una vez acreditado ‘el riesgo’ de permanecer con sus progenitores, aunque hubo quienes sí lo propusieron pese a las claras advertencias de los profesionales del HIEMI, la asesoría de incapaces y una parte de los efectores del sistema de promoción y protección de derechos del niño”.

“Las constancias judiciales, acreditan nuestra permanente preocupación por la situación de todos los hijos del matrimonio, dos de los cuales fueron dados en guarda con fines de adopción  (y respecto de los cuales la asesoría solicitó restricción de acercamiento el 23 de febrero de 2016) y otro en guarda definitiva por no haber podido integrarlo a la adopción conforme la normativa vigente, pese al dictamen de la asesora de incapaces”, agregaron.

“Esto se constata desde lo actuado ante el Juzgado  de Familia y los órganos administrativos, como el Servicio Zonal, la Dirección de Niñez Municipal, el Equipo de Casos Complejos Municipal (ECCO), y del fiel cumplimiento por parte de las suscriptas de nuestras obligaciones funcionales”, finalizaron.