El diputado provincial Guillermo Castello elevó un proyecto de ley tendiente a desregular y liberar la prestación del servicio de Verificación Técnica Vehicular.
El sistema actual se encuentra regulado en el código de tránsito provincial, ley Nº 13.927 con una redacción amplia pero que establece que, entre otras cuestiones, los costos y/o aranceles a abonar serán establecidos por la reglamentación.
Previsiblemente, ello consolidó un sistema basado en el otorgamiento de concesiones, las que fueron adjudicadas considerando zonas geográficas, cantidad estimada de vehículos, etc.
“Dicha modalidad terminó significando en la práctica que la mayoría de los bonaerenses carezcan de opciones suficientes para cumplir con la obligación de la verificación, debiendo perder muchas veces varias horas de su vida, en algunos casos viéndose obligados a desplazarse a otros distritos, todo ello siempre con aranceles predeterminados y bajo el riesgo de multa y retención de licencia de conducir”, argumentó Castello.
El legislador marplatense indicó que “nuestro proyecto propone cambiar el paradigma actual, paraestatal, cerrado, cuasimonopólico y con fuerte impronta administrativa, a uno privado, abierto y en libre competencia, manteniendo en todo caso la imposición de requisitos por parte de la Autoridad de Aplicación en materia de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procedimiento y cualquier otro que a criterio de dicha autoridad resulte necesario para la adecuada prestación del servicio”.
“Buscamos de este modo que se incremente la oferta de prestadores de servicios, que cualquier persona o empresa que cumpla con los estándares impuestos por la Autoridad de Aplicación pueda brindar el servicio de manera de aumentar la competencia, mejorar el servicio, abaratar los precios, ahorrar pérdidas de tiempo y, sobre todo, facilitar a los bonaerenses el cumplimiento de la ley”, añadió.
Por lo expuesto, Castello propone la derogación de la ley 12.152 y facultar al Poder Ejecutivo a encarar las negociaciones necesarias con los concesionarios actuales que pudieran verse afectados por la presente ley y tomar las medidas que resulten pertinentes.
