El Colegio de Abogados Mar del Plata emitió este miércoles un comunicado donde rechazan una iniciativa que pretende avanzar contra las incumbencias profesionales propias de la abogacía con un anteproyecto de ley que propone reformar el Código Civil y Comercial, otorgándole facultades al notariado para reemplazar al Juez en el proceso sucesorio.
«Consideramos que el anteproyecto no es una opción constitucionalmente válida y menoscaba la seguridad jurídica», señalaron.
El anteproyecto difundido por el diputado nacional Dr. Leandro López, que pretende imponer un «juicio de notoriedad- en manos de escribanos, merece nuestro absoluto rechazo en razón de las consideraciones que seguidamente se exponen y que profundizaremos ante las autoridades correspondientes».
Desde el Colegio de Abogados señalaron que «esta ley otorgaría a los escribanos funciones jurisdiccionales, extralimitando su competencia e invistiéndolos de un carácter de jueces administrativos. Los habilitaría para examinar recaudos procesales, declarar abierto el proceso sucesorio, disponer la publicación de edictos, dar intervención a los Ministerios Públicos, dictar declaratoria de herederos o auto aprobatorio de testamento y resolver todas las cuestiones atraídas por el carácter universal del proceso sucesorio».
«En definitiva, pronunciarían resoluciones en nombre del Estado cuando su función es tan sólo dar fe notarial», añadieron.
Por ello, fundamentaron que no se puede otorgar al escribano la potestad de dictar sentencias declarativas, ni conocer sobre la vocación y acervo hereditario. Por el contrario, es el juez quién en ejercicio de su función jurisdiccional otorgada por la Constitución Nacional, realiza el control de legalidad, hace observar y aplica el derecho adjetivo y sustantivo en sus preceptos concretos.
«Al mismo tiempo elimina la garantía para la ciudadanía de contar con asesoramiento y patrocinio letrado obligatorio, lo que posibilita la debida protección de los derechos y evita los conflictos de intereses. La reforma viola la Constitución Nacional y los códigos de procedimientos provinciales, provoca inseguridad jurídica y no responde a las necesidades actuales de la sociedad. Tampoco puede sostenerse la falacia de que ello abaratará los costos del proceso sucesorio», remarcaron.
«El afán del notariado de extralimitar sus funciones y abarcar incumbencias que no le son propias, encontrará otra vez la oposición de la abogacía unida en defensa de los derechos de la sociedad y del Estado», finalizaron.
