La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) manifiestan preocupación y un “contundente” rechazo a posibles cambios en el financiamiento de las coberturas de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.
La modificación del actual régimen forma parte de un borrador del Decreto de Necesidad y Urgencia propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
Cada 9 de agosto, se celebra el Día Nacional de la Educación Especial. Como desde hace más de 70 años, es una fecha que intenta destacar a aquellos docentes y profesores que brindan clases y acompañamiento a personas con discapacidad.
Las modificaciones que rechazan las entidades de educación privada incluirían el traspaso de los pagos y controles de esas prestaciones básicas (rehabilitación, servicios educativos y traslados, entre otras) a un Fondo Nacional administrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejando de depender del Fondo Solidario de Redistribución que actualmente administra la Superintendencia de Servicio de salud siendo éste el actual modo de subsidiar a las obras sociales y prepagas.
Para AIEPBA,” establecer que el pago de las prestaciones a las personas con discapacidad quede en manos del Tesoro Nacional, es quitar la obligatoriedad de las obras sociales a dar respuesta a las necesidades de esta población para lograr su rehabilitación, educación, etc. Además de constituir una discriminación a su condición de afiliados como los demás”.
Hoy existen subsidios a las obras sociales para el pago de las prestaciones, pero la ley 24.901 aclara expresamente que la responsabilidad última de pagar y sostener la prestación para las personas con discapacidad es de las obras sociales. Por lo tanto, cualquier decisión que deslinde, de algún modo, esta responsabilidad, podría ser un riesgo para la continuidad de la cobertura.
Las personas con discapacidad representan el 10.2% de la población argentina (según últimos relevamientos del INDEC) y corresponde que las prestaciones que reciben, tanto sea de rehabilitación, educación, traslados, medicación, se sostengan como un derecho adquirido.
Las prestaciones básicas, descriptas en la Ley 24.901, incluyen prestaciones preventivas (donde la madre y el niño tengan garantizados desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social), de rehabilitación (donde se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que sea necesario, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera), educativo terapéuticas (para lograr la adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo), educativas (comprende escolaridad, en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros) y asistenciales (con una cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad.)
Respecto de la organización, cuesta pensar cómo se realizará el monitoreo a través de la Agencia Nacional de discapacidad (ANDIS), siendo que las obras sociales serán quienes sigan recibiendo y auditando pedidos de prestaciones básicas por parte de las personas con discapacidad.
‘’Si se crea un Fondo Nacional debería ser para dar respuesta a las personas con discapacidad que no tienen cobertura de salud. Porque para las que están afiliadas a una obra social existe el fondo solidario de redistribución que financia equitativamente las prestaciones de los afiliados de todas las obras sociales’’.
Para AIEPBA/ JUNEP es preocupante que el Tesoro Nacional se haga cargo de estas coberturas que ya cuenta con sus propios fondos. Y que, como aclara el borrador del DNU, en caso de ser necesario, otros organismos no definidos, potencialmente deban contribuir al aporte de dichas coberturas, inquieta aún más.
«Las prestaciones básicas para las personas con discapacidad son un tema serio, porque a través de ellas se pone en juego el futuro de una población vulnerable y poco tenida en cuenta. La lucha de estas personas y de quienes los hemos acompañado y apoyado les ha dado una posibilidad de vida a través del reconocimiento de sus derechos y de sus necesidades en general, y en particular, la educación’’, expresaron desde AIEPBA/JUNEP.