Por: Roberto Garrone
Pese a que las imputaciones elevadas por la Dirección Nacional de Control y Fiscalización Pesquera en los últimos días, en base a la evaluación de datos y registros realizados por la Coordinación de Análisis de Infracciones y Sanciones de la Subsecretaría de Pesca se aplicaron en barcos que operan en distintos puertos, Mar del Plata fue la mayor caja de resonancia.
Los barcos están imputados de incumplir alguno de los artículos de la Resolución 7 y 171 del 2018. La primera fue la normativa que ofició de fórceps para hacer ingresar a la pesquería del langostino al buque congelador “José Américo”, un barco que se llevó por delante todas las normas escritas hasta ese momento que regulaban la pesquería.
El tangonero tenía/tiene una eslora más grande que la permitida y una potencia de motor que excedía los límites. Sin mencionar su permiso de pesca, nacido de una triangulación de un barco que pescaba calamar lo autorizaron a pescar langostino. Un escándalo que el resto de la pesca acató casi sin chistar.
Esa Resolución establece la imposibilidad de pescar entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana del día siguiente, efectuar tareas de pesca a no más de 3.5 nudos con un tiempo máximo de una hora. Para los barcos fresqueros la marea, desde el primer lance hasta que el buque llega a puerto, no debe durar más de 72 horas.
Cómo hace la autoridad de aplicación para comprobar lo que ocurre en alta mar: con el monitoreo satelital que cada 15 minutos envía una foto del estado de situación en la zona de pesca. Con esos datos pueden reconstruir el derrotero de la flota. Hasta el miércoles a la mañana desde Pesca habían enviado 23 imputaciones a empresas armadoras por no cumplir con lo que establece la normativa. En su mayoría, por los tres motivos.
Ahora las sanciones son mucho más duras. En octubre del año pasado se modificó la Ley Federal de Pesca y se endurecieron las multas para la flota extranjera que ingresaba en aguas jurisdiccionales, especialmente durante la zafra de calamar.
Pero también se reajustó para los administrados argentinos a quienes también se les aplica las sanciones en Unidades de Pesca (UP). Cada UP tiene el valor de un litro de gas oll y se actualiza dos veces al año. En el caso de no cumplir alguna de las exigencias de la Resolución 7, la autoridad de aplicación estableció 80 mil UP como multa.
En dinero las multas a la flota que pescó langostino el año pasado varían entre los 8 y 22 millones de pesos, según los casos. Pero lo peor para las empresas no es el dinero sino el tiempo que el barco queda parado. Porque junto con la imputación y sanción se ejecuta una suspensión preventiva por 30 días para la embarcación infractora.
Igual hasta ahora el único barco parado es el “Ciudad Feliz”, cuyo armador asegura no haber recibido ninguna notificación de la imputación por posibles infracciones, pero sí recibió la orden de regresar el buque a puerto.
Por qué recién ahora saltan estas multas de la temporada de langostino en nacionales del 2021. Porque desde el 2018 a la fecha fue cartón pintado. Tal vez una licencia de las anteriores autoridades por dejar jugar al “José Américo”.
¿Si estaban decididos a hacerla cumplir, por qué en Pesca no las aplicaron en el 2020? En la Subsecretaría sostienen que en el año de la pandemia no tuvieron personal suficiente para controlar el movimiento de toda la flota y confeccionar los expedientes para proceder con las imputaciones. Pero que tienen todos los datos de las últimas 4 temporadas de pesca.
A diferencia de lo que ocurrió con barcos de otras jurisdicciones, en Mar del Plata muchos, no todos, cuestionaron los procedimientos de la Subsecretaría, los consideran arbitrarios y ponen en duda que puedan aplicar las sanciones.
«No tienen idea de lo que hace un barco mientras pesca, que puede haber viento a favor, o en contra, que no puede ir a mucho más de 3.5 nudos porque la red se levanta y no se pesca nada”, dicen unos. “Hacen suposiciones mirando una computadora”, refieren otros.
Las infracciones en Mar del Plata abrieron una grieta indisimulable entre la Cámara de Armadores y ALFA, la cámara que agrupa a barcos fresqueros que pescan langostino en aguas nacionales, muchos de los cuales antes integraban la otra entidad.
En ALFA renunció Mariano Retrivi a la presidencia. Como el resto de la Asociación, el armador rechaza el aluvión de multas y se corrió del centro de la escena para evitar confrontar con las autoridades pesqueras con las que venía teniendo más concordancias que divergencias. La certeza que lo reemplazaría Juan Taranto parece esfumarse con el correr de los días mientras en la Asociación ponen fecha a la asamblea.
A diferencia de lo que ocurrió con el “Marejada”, asociado de Armadores, los infraccionados socios de ALFA no se allanaron, es decir, no reconocieron la infracción y lograron una reducción sustancial de la multa dineraria y en los días de suspensión.
En las últimas horas en ALFA contratacaron: hicieron una presentación ante Pesca en la que solicitaron que se levanten las sanciones o presentarán un amparo en la justicia. Asesorados por Miguel Bustamante, ex subsecretario de Pesca, aseguran que existe un accionar abusivo por parte de la Autoridad de Aplicación, que resulta violatorio de la Ley Federal de Pesca al tiempo que solicitaron que se declare la ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad del accionar en análisis.
En Pesca aseguran que pueden “presumir legalmente” que los barcos realizaron acciones no autorizadas, que la ley los ampara y que por eso abrieron los sumarios. Sobre los 30 días de suspensión preventiva reconocen que es una sanción “excesiva” pero es lo que marca la Resolución de manera obligatoria.
«Muchos no sabían cómo se instruía un sumario porque nunca habían hecho uno”, advirtieron en la Dirección de Nacional de Control y Fiscalización. Su director, Julián Suárez, es el epicentro del mal humor en los muelles locales.
Al “Ciudad Feliz”, socio de ALFA, lo hicieron volver de zona de pesca, algo muy inusual y que despertó tantas sospechas como indignaciones Fue horas después que se conociera que al “Marbella”, otro asociado de ALFA, que había quedado con una suspensión preventiva para zarpar, saliera del puerto porque en Pesca reconocieron que se habían equivocado con la imputación.
¿En Pesca compensaron lo del “Marbella” parando al “Ciudad Feliz” para calmar el enojo de otros armadores que antes que el barco de Taranto saliera del puerto comenzaron a quejarse y a plantear que no todos parecían iguales ante la ley?
Es difícil adivinar entre fallas humanas, internas armatoriales y abusos de autoridad.
“De 23 imputaciones hubo 20 empresas que se allanaron”, aseguran en la Dirección Nacional como para mostrar que tan errados no están con sus presunciones. ¿Muchos pagan porque saben que hicieron las cosas mal o sus asesores no tienen ganas de trabajar y demostrar que Pesca los acusa sin sustento?
Más allá de cómo termine esta novela (puede haber muchas más imputaciones y barcos involucrados), es indispensable que autoridades y administrados se sientan a una mesa a discutir la reforma de la Resolución 7 y revestirla de sentido común. Hay que agradecer que los tiempos del Estado sean tan lentos y las supuestas infracciones de agosto pasado se notifiquen recién en febrero.
Si ocurre a los pocos días, en medio de la zafra de langostino, el perjuicio para las empresas y los trabajadores marítimos sería mucho peor. Es incomprensible que un barco quede parado 15 días como mínimo por completar una marea 6 horas más allá del límite permitido, o por arrastrar a medio nudo más de la velocidad máxima permitida.
La pesca en alta mar es una actividad dinámica y repleta de imponderables como para ajustarla a una norma férrea que encima aplica sanciones severísimas.