Hay una frase que se repite cada vez que un nuevo video de un robo se viraliza en Mar del Plata: «Ya no sorprende». Y ese, quizás, sea el dato más preocupante de todos. Cuando la violencia deja de generar asombro para convertirse en parte de la rutina, la sociedad empieza a naturalizar aquello que nunca debería aceptar.
Los motochorros se han transformado en uno de los principales símbolos de esa inseguridad cotidiana. Aparecen en el centro, en los barrios del sur, en la periferia y, especialmente durante las últimas semanas, en la zona norte de la ciudad. Actúan con rapidez, muchas veces a plena luz del día, frente a cámaras de seguridad que terminan registrando un delito más para las redes sociales, pero rara vez ofrecen la sensación de que habrá una solución definitiva.
Lo más inquietante es que detrás de muchos de esos hechos aparecen menores de edad. No se trata de estigmatizar a una generación, sino de reconocer una realidad incómoda: hay adolescentes que encuentran en el delito un camino cada vez más frecuente. Eso interpela a la Justicia, a las fuerzas de seguridad, a la política, pero también a una sociedad que hace años convive con profundas desigualdades, exclusión y falta de oportunidades.
Sin embargo, tampoco alcanza con explicar el fenómeno desde lo social. Quien es víctima de un robo no busca teorías; reclama respuestas. Quiere caminar tranquilo, volver a su casa sin mirar constantemente hacia atrás o subir a su auto sin temer que una moto se detenga a su lado.
El problema es que cada nuevo episodio parece confirmar la misma sensación: los delincuentes siempre van un paso adelante. Cambian de moto, de barrio, de horario. Los vecinos, en cambio, cambian hábitos. Dejan de salir de noche, evitan determinadas calles, instalan cámaras, rejas y alarmas. Es decir, son los ciudadanos quienes terminan adaptando su vida, mientras quienes delinquen continúan encontrando espacios para actuar.
Las reuniones vecinales, los reclamos por más patrullajes y las denuncias públicas reflejan un cansancio que atraviesa distintos sectores de Mar del Plata. Ya no se trata solamente de pedir más policías. La demanda apunta a una estrategia integral que combine prevención, inteligencia criminal, controles efectivos sobre motocicletas, una Justicia que actúe con rapidez y políticas sociales que eviten que cada vez más jóvenes terminen siendo parte de estas bandas.
Porque la inseguridad no se mide únicamente por las estadísticas. También se mide por el miedo. Y cuando ese miedo condiciona la vida diaria, limita la libertad y modifica las costumbres de toda una comunidad, el problema deja de ser policial para convertirse en un desafío social de enorme magnitud.
Mar del Plata no puede resignarse a convivir con la idea de que los motochorros forman parte del paisaje urbano. La resignación nunca fue una política pública. Es apenas el síntoma de que, durante demasiado tiempo, las respuestas llegaron siempre después del delito y nunca antes.
