Después de avanzar con los capítulos de la Ley Bases destinados a privatizaciones y reforma del Estado, y también con los contratos de obra pública, el Gobierno reglamentó este viernes el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En tanto, el intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante local un proyecto de ordenanza para convalidar el decreto N° 1699/2024, por el cual el municipio se adhiere a la Ley Nacional N° 27.742 (Ley Bases), con especial foco en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
“La sanción de esta ley nos permitirá colocar a Mar del Plata en las primeras posiciones para el ingreso de inversiones, pudiendo aumentar la producción y el empleo, teniendo un marco legal que regula y da seguridad jurídica a los inversionistas”, argumentó el titular del Ejecutivo municipal.
Según se destaca en los considerandos del Decreto 749/2024, publicado en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, el RIGI, uno de los puntos más controvertidos de la Ley Bases, es “una herramienta para atraer inversiones significativas para la economía nacional, que de lo contrario no se desarrollarían”.
El documento sostiene, además, que permitirá que Argentina “asuma nuevamente la condición de proveedor mundial de bienes y servicios en condiciones de calidad y competencia y, a través de ello, contribuir a la prosperidad y el progreso de la Nación”.
El Gobierno explicó también que, entre los objetivos prioritarios del RIGI, está “generar las condiciones de previsibilidad, estabilidad y competitividad necesarias para atraer Grandes Inversiones”, y que se encuentra destinado a que las «inversiones se concreten mediante el adelantamiento temporal de las soluciones macroeconómicas de inversión sin las cuales determinados sectores no podrían desarrollarse con el dinamismo deseado”.
En ese marco, el Artículo 1° de la normativa estableció la «aprobación de la Reglamentación de los artículos 164 a 228 del Título VII – Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, la que, como ANEXO (IF-2024-90250146-APN-SPEN), forma parte integrante del presente».
El Artículo 2°, en tanto, indicó que «las normas complementarias a la presente reglamentación deberán ser dictadas por parte de la Autoridad de Aplicación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y demás Secretarías y reparticiones en el ámbito de sus competencias, en un plazo máximo de 30 días corridos a contar desde la publicación de esta reglamentación».
La ley establece beneficios extraordinarios para 9 sectores, entre los cuales se destaca el energético. El Gobierno apuesta a que este último aporte 35.000 millones de dólares entre 2026 y 2027 con la construcción de gasoductos y plantas de Gas Natural Licuado (GNL), como la que van a llevar adelante YPF y Petronas. Los otros sectores que contempla el régimen son la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería y tecnología.
El RIGI, en específico, propone incentivos relevantes y necesarios, principalmente en materia fiscal y aduanera, para vehículos titulares de un único proyecto (VPU). Además, les otorga garantías que brindan certidumbre y seguridad jurídica a las inversiones.
«Hay mucho interés por el tema del RIGI para realizar inversiones en la economía real. Van a ver a diferentes empresas que tienen intenciones de invertir en el país», comentó a Clarín hace unos días una fuente oficial. Fue, puntualmente, este miércoles, cuando se confirmó que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará en septiembre a Riad, Arabia Saudita, en busca de inversiones para Argentina.
Fuentes oficiales también sostuvieron que hay proyectos por alrededor de US$ 50.000 millones en espera y que el Gobierno tiene en el radar al menos US$ 39.000 millones que asegura podrían concretarse pronto, datos en base a Orbis Crossborder Investment. (Clarín)