El bloque de La Libertad Avanza presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para regular las plataformas digitales de transporte en General Pueyrredon y establecer un marco legal para aplicaciones como Uber, Cabify y otros servicios similares.
La propuesta crea el “Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas”, que abarcará toda prestación onerosa de transporte individual de pasajeros, incluyendo taxis, remises, agencias y plataformas digitales.
Entre los principales puntos del proyecto se destaca la creación de un Registro Único Municipal obligatorio, público y gratuito para conductores, vehículos y empresas que operen en el distrito. Allí deberán inscribirse tanto los choferes como las plataformas digitales que intermedien en los viajes.
La iniciativa establece que los conductores deberán contar con DNI, licencia profesional habilitante, certificado de antecedentes penales, inscripción fiscal y seguro específico para transporte de pasajeros. Además, los vehículos tendrán que tener VTV vigente, seguro comercial obligatorio y radicación en el Partido de General Pueyrredon.
El proyecto también fija obligaciones para las aplicaciones y empresas de transporte. Entre ellas, constituir domicilio legal en Mar del Plata, tributar en el municipio, designar un representante legal y garantizar la trazabilidad de los viajes realizados mediante sus sistemas.
Asimismo, las plataformas deberán implementar mecanismos de atención y resolución de reclamos para usuarios y brindar información a la autoridad de aplicación cuando sea requerida.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es que las tarifas serán libres, aunque los prestadores deberán informar previamente al usuario el precio estimado del viaje “en condiciones claras y accesibles”.
En paralelo, el texto aclara que los taxis conservarán el derecho exclusivo a captar pasajeros en la vía pública sin contratación previa y mantener el uso de paradas habilitadas.
La ordenanza propuesta también prohíbe expresamente el transporte oneroso de personas en motocicletas o vehículos de dos o tres ruedas, incluso cuando el servicio sea contratado mediante plataformas digitales.
El proyecto prevé multas, suspensiones e inhabilitaciones para quienes incumplan la normativa y otorga un plazo de 90 días para la adecuación y reglamentación del sistema una vez aprobada la ordenanza.