Por: Roberto Garrone
El foco por estas horas en la pesca nacional quedó repartido en el alcance del tipo de cambio diferenciado para las exportaciones pesqueras y los distintos conflictos que afectan al servicio de estiba en puertos patagónicos y amenazan el comienzo de las temporadas de langostino en Chubut y centolla en Santa Cruz.
En Rawson, luego de 12 años de un gremio cooptado por la patronal, léase empresas de servicios portuarios y flota amarilla de Rawson, que en algunos casos es lo mismo, de la mano de Gabriel Aguilar, abogado del SUPA y viviendo las últimas semanas como autoridad de aplicación pesquera provincial.
Medidas de fuerza teledirigidas, denuncias por extorsión, órdenes de restricción, amenaza con no iniciar la prospección y una reapertura de paritarias con un gremio en pie de guerra que denuncia una maniobra para torcerles el brazo a pocos meses de haber asumido sus funciones. Cuando la CAFACH había logrado unificar criterios con los gremios marítimos y despejaba incógnitas de cara a la zafra provincial, les salta una liebre que creían domesticada.
Más al sur también se libra una batalla, que no por involucrar actores más secundarios en el escenario de la pesca argentina, hay que mirar desde afuera.
Al cierre de esta columna se mantenía el corte en el acceso al puerto San Julián, centro de la provincia santacruceña por el reclamo de un grupo de estibadores por mejores salarios a la única empresa de estibaje que presta servicio a los barcos de Food Parthners Patagonia.
La empresa pesquera opera sobre la centolla, un recurso escaso pero de alto valor comercial. En el último informe de CAPECA que refleja el movimiento exportador pesquero entre enero y septiembre contabilizó ventas por 1079 toneladas que generaron 21,1 millones de dólares, a razón de 22.773 dólares la tonelada. No hay en la pesca argentina un producto de tan alto valor comercial como este.
La prestadora del servicio se llama “Empresa de Estibaje”. Ya es toda una señal… Si no se esmeraron en elegir un nombre de fantasía, mucho menos van a liquidar los jornales como corresponde, hacer los aportes previsionales; mucho menos entregar recibos de sueldo.
El reclamo de los trabajadores a Ángel Guillermo Beigpregone no es nuevo. Van seis años que el “empresario” no cumple con su rol y negrea a los estibadores por magros salarios y pagando lo que se le antoja.
Algún efecto tuvieron las presiones de los estibadores porque en agosto del 2020 Beigpregone dejó caer su “Empresa de Estibaje” y la nueva razón social pasó a ser “Barria, Romina Gisella”, su esposa. Pero el cambió no trajo ningún beneficio para los trabajadores. Eso sí, mantuvo a su cliente principal.
Desde Food Parthners, su gerente Sakae Musutari, les aseguró a las víctimas de Miguel y Romina que pagaban por el servicio lo que abonaban la tarifa en Caleta Paula.
En San Julián la pesquera opera con el “Iglú”, “Patagonia” y “Cristo Redentor”. Este último era el único barco ya alistado para comenzar la temporada. El viernes se le cargaron las trampas para salir a sembrarlas a la zona de pesca. No zarpó por malas condiciones de tiempo. Los estibadores dudan que descarque en San Julián porque aseguran que la empresa tiene algunas deudas pendientes.
El 9 de octubre pasado desde los Trabajadores Portuarios Unidos de Puerto San Julián le enviaron una nota a Teodoro Segundo Camino, ministro de Trabajo de Santa Cruz, en el que plantearon toda una serie de irregularidades que ocurren con la empresa de Beigpregone y su esposa.
“La empresa paga 11 mil pesos por turno para realizar 3 operaciones distintas: la descarga, el alistamiento y la manipulación de la carnada en descomposición”, refieren los obreros en la nota. Para tener una idea, un jornal en Mar del Plata se abona actualmente 30 mil pesos netos, al bolsillo del estibador.
Lo que paga “Barría, Romina Gisella” dista mucho de lo que su esposo se comprometió a pagar en el acta firmada en Caleta Olivia el 31 de enero del 2020 y que regulaba la descarga en la flota de centolla. La FEPA designó a dos delegados en San Julián pero en ese puerto el SUPA ni siquiera tiene sindicato. Solo para descontar una supuesta representatividad a los trabajadores.
En realidad en Santa Cruz cada uno paga lo que quiere. En Puerto Deseado un estibador cobra 28 mil pesos. Más al norte, en Caleta Paula, 18 mil y más al norte, en Comodoro Rivadavia, 27 mil pesos, según especificaron los trabajadores portuarios en su nota al Ministro.
Los estibadores tuvieron que llegar al ministro porque todas las denuncias formuladas en la delegación del Ministerio en San Julián nunca prosperaron. La sede estaba con reformas en los últimos meses. Esos trabajos vienen más lentos que el proceso de desguace en el varadero de la Base Naval Mar del Plata, por lo que no había atención personal. Las quejas, por mails.
Igual la suerte del reclamo parece echada. La directora de la Delegación San Julián de la cartera laboral no es otra que Julia Pereyra. La madre de Ángel Beigpregone; la suegra de Romina.
Buen domingo