El senador provincial Lucas Fiorini elevó un proyecto que crea un Consejo Económico y Social en la Provincia.
El legislador de Mar del Plata manifestó entre sus argumentos que «nuestra Provincia arrastra desde hace años una sensación de inviabilidad que agobia los mejores intentos por levantar al principal estado de la Argentina. Sede de los principales establecimientos productivos del país, con inmensas riquezas que emanan de sus tierras y salida al mar inmediata, en ella también conviven concentrados inmensos bolsones de pobreza y marginación junto a un Estado desfinanciado y sobrepasado. En ese marco irrumpe la pandemia del Covid-19 y la consecuente cuarentena, que hace inevitable se agraven significativamente los profundos problemas socioeconómicos que atraviesa la Provincia de Buenos Aires».
Fiorini consideró que «la crisis inexorable que sobrevendrá en materia económica, laboral y social requiere preparar de la mejor forma posible las herramientas que pueden ayudar en los difíciles momentos que se avecinan, en especial porque como sucede en cada trance histórico sufrido golpea de manera particular a los sectores más vulnerables».
Por ello, Fiorini entiende que se hace imperiosa la necesidad de ámbitos que colaboren en la escucha directa de las distintas realidades, que ayuden en la articulación de las crecientes necesidades sociales, que intercambien visiones y proyectos de reactivación económica y laboral, que lleguen a consensos y acuerdos entre los distintos protagonistas de la vida comunitaria.
«Con estas consideraciones elevamos a la legislatura bonaerense el proyecto para la creación del Consejo Económico y Social de la Provincia de Buenos Aires. No es una respuesta única ni exclusiva, pero sí pertinente por el sentido, la misión y los frutos que puede dar. Es prepararnos con instrumentos idóneos para superar las dificultades que ya están con nosotros», aclaró.
El senador explicó que esta institución, como espacio de diálogo y concertación, «se centrará en las cuestiones socioeconómicas porque allí estará el eje de las próximas discusiones y dificultades, y su desatención conlleva el peligro de estallidos sociales además de la disminución de recursos para atender otras prioridades».
«Esta iniciativa no suplanta la representatividad política legislativa, así como tampoco la acción del Ejecutivo, pero brinda un indispensable ámbito de intercambio de pareceres sociales que pueden favorecer acuerdos suficientes para darle fuerza a las políticas públicas que se requieran en cada área», añadió.
El Consejo propuesto estará integrado por 26 miembros que representan diferentes realidades y entidades, intentando visibilizar las fuerzas dinámicas de la sociedad civil.
La conformación es amplia y hemos intentamos incluir a los protagonistas de la vida económica y social de la Provincia:
- Está presente la política a través de dos representantes, uno por el oficialismo y otro por la oposición: ambos encabezan el Consejo, y de esta forma se ha limitado la presencia política formal pero reconociendo a la vez la importancia que tienen, estableciendo la presidencia del Consejo para el oficialismo -en la figura del vicegobernador de la Provincia- y la vicepresidencia para quien sea designado por parte del partido o frente opositor con mayor representación en la legislatura de la provincia;
- El sector trabajador tiene seis representantes, tres por el sector público y tres del privado, por ser dos realidades centrales de la Provincia, cada una con su impronta y prioridades;
- Los sectores empresariales, de producción rural y comerciales también son seis, con representantes de pequeños y medianos establecimientos en al menos la mitad de los integrantes de este espacio;
- Tres integrantes de organizaciones sociales;
- Tres integrantes de credos profesados en la Provincia, de los que la menos uno será perteneciente a la Iglesia Católica -en especial consideración por la experiencia clave que la misma tuvo al coordinar el antecedente nacional de la Mesa de Diálogo en la crisis del 2001/2-;
- Seis integrantes por universidades, colegios profesionales, organizaciones de defensa del consumidor y usuario, y organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
Proponemos que el principio sea que los cargos de los miembros del Consejo sean ad honorem, previendo que el Consejo pueda tener un financiamiento mínimo para su mejor desenvolvimiento. La austeridad de esta institución ayudará en la legitimidad de su misión, y será un aliciente para una composición centrada en el servicio del Bien Común.
El proyecto promueve la coordinación con otros consejos económico-sociales que se establezcan a nivel nacional, provinciales o locales, los cuales sería positivo se instituyan. La promoción de estas articulaciones de participación y diálogo entre las distintas instancias pueden convertirse en un mecanismo de interacción comunitaria que ilumine las políticas públicas de acuerdo al sentir, la voluntad y las prioridades que surgen de las diversas realidades, acercando visiones y propuestas que vayan de abajo hacia arriba, con toda la riqueza y legitimidad que esto conlleva. Una comunidad organizada que viva esta capilaridad otorga fuerza a la política para cumplir su deber de fidelidad con la sociedad civil a la cual se debe.
«Necesitamos instituciones que no fomenten grietas ni odios, que trabajen en superar la lógica de la confrontación permanente y la dialéctica amigo-enemigo. Debemos generar confianza suficiente en un sistema que apunte a la ganancia de todos, aunque implique alguna resignación para los actores individuales u sectoriales en pos de objetivos comunes que respondan a la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades, permitiendo así un mejor despliegue y desarrollo conjunto de las potencialidades y vocaciones de sus integrantes junto a sus legítimas aspiraciones», finalizó.