Por Mariano Busilachi – Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional

Cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del año pasado, todo parecía indicar que se venían meses complejos para nuestro país, con varios frentes abiertos para la gestión incipiente. Algunos de ellos eran producto de malas políticas del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, otros estaban derivados de un proyecto que gobernó durante 12 años y, ahora, estaba ante la oportunidad de demostrar que había aprendido de aquellos desaciertos. Fernández tenía la difícil misión de gobernar por sobre la lastimosa “grieta”, con su particularidad “dialoguista”, dentro de un frente variopinto de ideas y una oposición que apenas había acusado el golpe de una elección perdida con amplitud. Ni la mente opositora más retorcida hubiese imaginado que aparecía el coronavirus para cambiarlo todo. No tanto desde el posicionamiento partidario en el mapa político argentino, sino desde el desarrollo de una gestión estatal que se enfrentó, como todos los países del mundo, a un contexto inédito en la historia moderna.

Oficialismo y oposición convivieron durante algún tiempo en la necesaria concordancia para combatir la llega del COVID-19. No obstante lo cual, medidas de gobierno inoportunas y ataques fútiles de sectores opositores despertaron a la bestia dormida: la “grieta” política en Argentina. Aquella que ante cada elección los argentinos reclaman que se termine, como por arte de magia, por un nuevo gobierno que aparece, que trae las mismas prácticas que el anterior, y que el anterior, y que el anterior, y así, sucesivamente. Jubilaciones, Vicentín, Reforma Judicial Deuda Externa, Moratoria, Teletrabajo. Son algunos temas en los que, además de la gestión de la pandemia, gobierno y oposición han utilizado para volver a enfrentarse como los últimos años, sin acuerdo programáticos o de largo plazo, sin sentar bases de desarrollo mancomunadas, sin ese famoso diálogo que prometía el Presidente. Incluso, obliga a preguntarse si no es ingenuo creer que, estando Cristina Fernández comandando el Senado, con la cantidad de enemigos que se ha ganado en sus ocho años en el poder, será posible tener un cuerpo legislativo que llegue a consensos básicos. Como también, resulta poco creíble creer que Juntos por el Cambio se sentará a la mesa de discusión con el Frente de Todos cuando sus principales referentes acusan al gobierno de atropellar a las instituciones. No hay país en el mundo que avance con semejante grado de intolerancia política, la cual pareciera ser que no terminará nunca.

Esta última semana se trataron diversas leyes y Decretos en el Congreso, con la aprobación de algunas de estas normativas de manera inmediata. También, el viaje del Presidente Mauricio Macri hacia Francia, para dirigirse en unos días a Suiza y cumplir obligaciones en su nuevo rol en la Fundación FIFA, abren un interrogante sobre el liderazgo del ex presidente en la oposición. Efectivamente, ¿es Macri el líder de la oposición? Debiera serlo, con un 41% de votos en sus espaldas y siendo el primer presidente no peronista que terminó su gestión sin dificultades desde el retorno de la democracia. Mientras tanto, en nuestras tierras, el gobierno se nacional se encargó de subir la vara en sus obligaciones. Como si la pandemia no alcanzará, apareció la Reforma Judicial. ¿Tendrá el mismo efecto que Vicentín? Por lo pronto, hay más consenso en el arco opositor en avanzar en la reforma, aunque con sus grandes reparos.

Sería injusto caerle a Alberto Fernández por querer avanzar en este momento de pandemia en temas que la Argentina necesita desarrollar. Así como hay que convivir con el coronavirus, también hay que seguir gobernando. Se entiende, también, que la oposición quiera que se respeten los acuerdos de avanzar en el Congreso con temas estrictamente ligados al contexto. Pero estuvo en una posición muy dócil y reaccionó tarde a algunos temas. En todo caso, ellos debieran mejorar los errores de gobierno, en el marco de la discusión democrática. A veces, algunos dirigentes como Alfredo Cornejo o Patricia Bullrich se ponen en “modo twitter” y solo aportan más leña al fuego. Sin embargo, del otro lado, no debe ser fácil dialogar con la intransigencia de Cristina Fernández o de quienes no reconocen nada del gobierno de Cambiemos.

Así estuvo atravesada la discusión de Vicentín, la empresa agroexportadora que, finalmente, ganó la batalla. Un mes y medio después del anuncio en Casa Rosada, Alberto Fernández drogó mediante el DNU 522/2020 la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. Lejos de su autocritica de hace algunas semanas, argumentó que no lo dejaron ver cómo estaba la empresa para “salvarla”. El Presidente debiera haber tenido el reparo, en un contexto como este, de entender que la decisión resultó anacrónica. Siempre quedaron dudas si, realmente, Vicentín debía ser intervenida en pleno concurso de acreedores. A su vez, tampoco los productores agropecuarios estuvieron de acuerdo. De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Synopsis, sobre más de 600 productores agropecuarios de todo el país, el 84,2% de los consultados consideró a la intervención y expropiación como como negativa. Y la manifestación masiva en Avellaneda, Santa Fe, dejó una imagen adversa en el gobierno de Fernández, que recordó a los convulsionados meses de 2008, en el conflicto con el campo que significó la primera gran derrota del kirchnerismo y el inicio de la “grieta”. Fernández culpó a los directivos de la empresa, al juez en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores y a parte de la oposición. Vicentín deberá ahora establecer el plan de pago con sus acreedores y recuperar la confianza de los productores. Fue, sin dudas, un golpe para Fernández, pero principalmente para Anabel Fernández Sagasti, autora del proyecto y muy cercana a la vicepresidente. Una vez más, la Justicia metió la cola en los intereses de la ex Presidente. Desde ya, es la misma Justicia que investiga maniobras irregulares de la empresa con el Banco Nación, durante la gestión de González Fraga en pleno gobierno de Cambiemos. El juez federal Julián Ercolini investiga supuestas irregularidades en las cesiones de créditos del Banco Nación. La medida, en sí misma, había sido inoportuna.

Esta Justicia, siempre en la mira de Cristina Fernández y su entorno, tendrá que subirse al ring nuevamente con el anuncio reciente del proyecto de Reforma Judicial. EL proyecto tiene varias aristas interesantes y, convengamos, la Justicia argentina necesita un cambio urgente. Hace años que los juzgados federales funcionan muy mal. Como “la grieta”, la falta de Justicia es igual de perjudicial, principalmente cuando no se juzga debidamente a los políticos que caen en el vicio de la corrupción, o a los empresarios amigos que haces desastres con el dinero de todos, dando señales peligrosas a la población de que “vale todo”. Lo que resulta un poco inexplicable, es que esta Reforma Judicial ya nazca sin consenso. Junto por el Cambio ni siquiera vio el proyecto y ya vaticinó que no lo acompañará. Tampoco estuvo presente en el anuncio de esta semana. No es una buena señal y, por una cuestión de respeto institucional, algún representante de la mayoría opositora debiera haber asistido. Luego, darán todas las discusiones válidas que quieran dar. En el peor de los casos, si critican al kirchnerismo por su prepotencia, la respuesta tiene que estar basada en ser mejor que eso y no sumarse a un juego infantil. Ir al anuncio no significa prestarse a las supuestas intenciones de impunidad. Se trata de mostrarle al exterior que Argentina discutirá sus reformas con la presencia de todos los actores que deben intervenir. Eso también es darle confianza al mundo.

Así las cosas, se vienen meses de profundo debate para el destino de la malograda Justicia Federal. Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner tiene hoy una causa menos en su contra. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó su sobreseimiento en la causa por los documentos históricos que se habían encontrado en su casa de El Calafate, no por comprobarse la falta de delito, sino porque ya no puede juzgarse por el paso del tiempo, según la fiscal del caso Alejandra Mángano. El Frente de Todos tendrá que asegurarle a la población que no es una transformación que no busque amedrentar a los jueces, impunidad ni venganza, como ya se ha demostrado denostando al juez Carlos Fayt en sus últimos años de vida, o las polémicas formas y decisiones de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Deben hacer algo mejor y lo saben. Asimismo, deberán sostener a ese consejo consultivo de notable en la materia, el cual también nació con polémica, al estar integrado por letrados que defienden a la Vicepresidente en causas por corrupción. ¿Es ético? ¿No hay algún tipo de conflicto de intereses? En la discusión se coló la posible ampliación de la Corte Suprema y el Presidente dijo sin titubear que la Corte funciona mal. Tampoco es buen indicio para un consenso que, repito, es fundamental para una reforma de este tipo, la cual quedará para el largo plazo. Por momentos, pareciera que esta discusión queda estancada en la visión cortoplacista argentina y, nos cuesta entender, que cambiar la Justica debe ser un hecho bisagra para nuestro país. La clase política debe ser muy cuidadosa en este sentido y tratar este proyecto con toda la seriedad y responsabilidad a la que han sido llamados.

La deuda es otro frente abierto para la gestión del Presidente. A la par de que los grupos de acreedores de la Argentina entablaron conversaciones con el FMI y otras organizaciones financieras en busca de apoyo para cambiar las reglas de sus títulos extranjeros, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no tendrá más opción que extender los plazos de negociación de la oferta oficial, estirando a la fecha nuevamente hacia el 28 de agosto. Es la enésima prórroga, con el aditamento de la negativa del Gobierno argentino de mejorar su propuesta de reestructuración de la deuda. Esta situación, inquietante, es necesaria que llegue a buen término. Luego, Argentina deberá dirimir sus compromisos con el FMI y el Club de Paris. Sin embargo, a nivel interno, tampoco ha tenido buenas noticias la gestión económica. A pesar de las 60 medidas que prometió el gobierno para la recuperación económica, la Justicia Federal nuevamente le generó un dolor de cabeza al Presidente, relacionado al sistema de previsión social.

La Justicia Federal de Moreno declaró inconstitucional la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre los haberes de una jubilada, al margen de su edad o situación de vulnerabilidad, en la causa denominada “Morales, Mirta Viviana contra AFIP”. Este sienta jurisprudencia en un tema que ya viene caldeado, con los cambios que impulsó Fernández al inicio de su mandato, rechazando a la movilidad jubilatoria establecida durante el gobierno de Cambiemos. Otros tribunales hicieron lo propio. El Impuesto a las Ganancias a los jubilados es una discusión necesaria, tanto como la reforma judicial. ¿Por qué la política no lo discute? ¿Es ganancia una jubilación?

Estamos en un momento tan complejo como incierto en su desenlace. Aun así, en 2021 tendremos elecciones legislativas y el margen de discusión de los temas se achicaría aún más. A pesar de la pandemia, la política debe evitar la paralización apelar a los recursos tecnológicos y seguir adelante. Así como acordaron “salvar” a las empresas, con unanimidad en la Cámara de Diputados aprobando el proyecto que suspende (hasta el 31 de marzo del 2021) los plazos que impone la ley de concursos y quiebras, o la regulación del teletrabajo (aunque es una ley no exenta de numerosas falencias), oficialismo y oposición deberán debatir y buscar acuerdos fundamentales en medidas que ya no pueden esperar más.

El sueño del gran Consejo Económico y Social para sacar adelante al país, será una ingenuidad y una ilusión en la medida que los actores sociales sigan comportándose como lo hacen. ¿Alguien cree realmente que pueden sentarse, en una misma mesa, los Moyano con empresarios necesarios como Marcos Galperin? ¿La Iglesia se sentará con quienes pregonan el proyecto de la Interrupción Legal del Embarazo? ¿Alguien ve posible que puedan llegar a un acuerdo Mauricio Macri con Cristina Fernández? Les recuerdo que los acuerdos democráticos y ese gran pacto nacional es con todos. Pero, con todos de verdad. ¿La clase política está dispuesta a eso? ¿Los empresarios, los sindicalistas, las instituciones públicas y privadas que intervendrán en ese consejo, tendrán la visión del largo plazo y la voluntad del consenso? La sociedad argentina lo necesita como el agua. La dirigencia política se ha levantado del letargo de la cuarentena y ha empezado a dar discusiones que tenía en stand by. Llegó el momento de demostrar en los hechos lo anunciado con palabras. Llegó la hora de ver si realmente el país ha logrado madurar o seguiremos en las mismas discusiones mezquinas que nos llevaron al lugar en el que hoy estamos.


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