Por: Pablo Zelaya Blanco – Secretario General Partido Socialista Mar del Plata – Abogado
En los últimos días se han manifestado diferentes reformas y anuncios en materia de seguridad, tanto por el Ministro de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como por el Secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Darío Oroquieta, donde desde jerarquías distintas nos demuestran lo mismo: estamos retrocediendo en el abordaje técnico y profesionalizado del tema.
Por ello queremos esbozar algunos puntos en donde, creemos, nos encontramos en una situación más desventajosa que años anteriores, en los cuales -vale aclarar- ya se venían viendo retrocesos.
FUERZAS POLICIALES: EL DESMANTELAMIENTO DE UNA IDEA
La Provincia de Buenos Aires dio un nuevo avance en el desmantelamiento de las Policías Locales, creando la Estación de Policía Departamental de Seguridad, cuya organización comprende además de las comisarías, el comando de patrullas y estas policías, que habían sido creadas con el fin de quitar poder territorial a la bonaerense y garantizar un mayor y mejor control de ambas fuerzas. El retroceso es evidente: durante la gestión del gobernador Daniel Scioli, se crearon las fuerzas locales; durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se empezó un proceso de unificación con la bonaerense; hoy día se termina de efectivizar con la creación de esta Estación. En definitiva, en lugar de aumentar la coordinación entre las fuerzas, se da más poder para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, menos injerencia de los municipios, menos control ciudadano. En esto debemos ser claros: no sólo hubo un avance provincial, sino también un “dejar hacer” municipal que posibilitó tamaño retroceso.
En el plano local, y a seis meses de asumida la gestión municipal (cuyo eje electoral estuvo puesto en la Seguridad), hoy no se nota un plan local definido y en ejecución. Ante la quita de autonomía municipal con respecto a la policía local, no solo hemos presenciado un gran silencio al respecto, sino que además las medidas que intentan emparchar la situación parecen ser peores. Sin duda la pandemia ha obligado a establecer retenes en los ingresos a Mar del Plata, fundamentales para poder controlar el COVID-19, pero no puede una gestión local con una gran planta de trabajadores y trabajadoras quedarse solo en eso. Se ve en nuestra ciudad un aumento de la conflictividad y una necesidad de planificar técnicamente el rol del municipio en la seguridad de la ciudadanía.
LO QUE SE VE Y LO QUE HAY DETRÁS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD.
La comunicación en materia de seguridad se muestra cada vez más cercana a una pose grotesca, de montaje, una parodia del deber ser. El ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, montando un arma larga en la ciudad de Zárate ante el asesinato de un gendarme es solo una muestra de continuidad de esa “puesta en escena” que tantas veces ofreció en el gobierno anterior la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Además de ser un actuar ilegítimo, lo que se construye desde lo simbólico es aún más preocupante: quien debe controlar las fuerzas y gestionarlas, se convierte en un oficial más, en un par, que en lugar de hacer uso de su poder político de gestión prefiere empuñar un arma. La seguridad cuenta con ministerios que tienen fines políticos y estratégicos. Tanto en la provincia como en la ciudad, observamos una sobreactuación de un componente operativo que muy poco tiene que ver con la función para la cual fueron elegidos.
Por otra parte, la profunda ausencia de coordinación entre Nación, Provincia y Municipio en este contexto de pandemia (o con la excusa de ella) no hace más que evidenciar la falta de una política integral, con objetivos claros e instancias de monitoreo y evaluación permanente. La seguridad se construye con una lectura técnica compleja, de articulación entre diferentes actores y no de sumatoria de poder en unos pocos actores. En definitiva, requiere de mayor democratización y planificación, y de menos montaje mediático.
LA SEGURIDAD EN NUESTRA CIUDAD
Desde que asumió la nueva gestión, se han dejado de publicar los datos del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito, espacio que había sido considerablemente reducido durante la gestión anterior, pero del cual hoy poco se sabe. En materia de seguridad el uso de datos es fundamental para la toma de decisiones, la ejecución de un plan de acción y el uso racional y efectivo de los recursos Estatales con los cuales se cuenta. Independientemente de su realización, es fundamental la publicación de los mismos tanto para la democratización de la información que el propio municipio genera, como para que los datos estén al alcance de toda institución pública o privada que requiera trabajar en la materia, como por ejemplo, las universidades.
Por otra parte, observamos el debate respecto a la creaciónde guardias urbanas, la cual comprendemos como un nuevo problema más que una solución: pensar en constituir una fuerza sin poder de policía ni facultades, teniendo que salir a la calle y exponerse personalmente (además de una falta de objetivos claros de su razón de ser) resulta bastante difícil. Hoy en Mar del Plata, se plotean camionetas, se designa empleados municipales a quienes se ofrece poca capacitación, y se los envía a patrullar la ciudad, con lo que pareciera ser una fuerza policial local pero que sin sus facultades tienen tareas por lo menos poco claras. Además de todo ello, pareciera que el foco únicamente se encuentra en la prevención a delitos contra la propiedad, dejando de lado las criminalidades de otra índole (el derecho a la vida representado en las víctimas de violencia de género y la ausencia de políticas preventivas, por caso).
HACIA DÓNDE IR
Ante la falta de plan de acción claro y la quita de injerencia de la Provincia sobre la Policía Local, la reacción del municipio parece haber sido un poco improvisada: continuar una iniciativa impulsada por el ex Intendente Carlos Arroyo.
En resumen, nos parece necesario para abordar la seguridad desde una mirada democrática, recuperar mayor autonomía municipal, y gestionar con perspectiva local una temática tan sensible como esta, la cual no admite improvisación. El uso de datos e informes, las buenas prácticas, la convocatoria a especialistas y una equilibrada distribución de poder de policía entre los distintos niveles del estado, son prácticas absolutamente necesarias para contar con una seguridad integralmente desarrollada.
El abordaje de la seguridad se hace por y desde la política. Debemos avanzar en un modelo de gestión de la conflictividad, y dejar de alimentar la “política de control” mediática, vacía de contenido, de objetivos y de alcances. Los retrocesos que observamos nos dejan cada vez más lejos de ese camino al que, aspiramos, se pueda retomar con urgencia.