Pese a que el presidente Javier Milei aseguró que será vetado, el Senado de la Nación aprobó en general esta tarde el proyecto que aumenta las jubilaciones en un 8,1 y pliega su actualización mensual al Índice de Precios al Consumir (IPC), iniciativa que ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados con dos tercios de sus representantes .

El inició de su discusión en el hemiciclo se demoró varios minutos porque, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas, la senadora del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), se habría negado a ser la miembro informante del proyecto.

Por lo tanto, la presentación del proyecto, que cuenta solo con 13 artículos y que consiguió ser dictaminado por una mayoría construida por el kirchnerismo, radicales y un bloque federal, quedó en manos del senador Mariano Recalde (CABA), de Unión por la Patria, que comenzó su alocución pasadas las 12.30.

Además del aumento de 8,1 y el cambio en la fórmula de actualización, la iniciativa contempla que, en marzo de cada año, se aplicará un aumento del 50 por ciento de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior. 

A su vez, dispone que la ANSES «garantizará, para el caso de las personas que perciban un solo beneficio, el pago de una prestación con un suplemento dinerario de carácter alimentario, de forma tal que los ingresos totales no sean menores al último valor de la canasta básica total por adulto multiplicado por 1,09». 

También instruye a la institución a que cancele la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales «no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley». 

Su eventual aprobación significaría un gasto del 0,43 por ciento, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ante este panorama, Milei aseguró que utilizaría, por primera vez, su facultad de veto. El jefe de Estado calificó como «degenerados fiscales» a los diputados cuando le dieron luz verde al proyecto. 

Semanas atrás, la Casa Rosada envió al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, para defender el «déficit cero» que promueven Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Los funcionarios postularon que aceptaban el 8,1, pero no harían lugar al resto de los puntos. No obstante, la propuesta del 8,1 también fue condicionada por los emisarios del Poder Ejecutivo al sostener que no sería de forma retroactiva a enero, mes en el que las jubilaciones subieron 12,5 frente al 20,6 que fue la inflación, sino al mes siguiente de la promulgación de la ley. 


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