Tras la ajustada aprobación de la Ley Bases, que volvió en segunda revisión y con varias modificaciones a Diputados, el pleno del Senado debatió el paquete fiscal, un proyecto con varios artículos en puja relacionados, en particular, con la reactivación del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y Bienes Personales, entre otros puntos.
Con 37 votos a favor y 35 en contra, el Senado aprobó el paquete fiscal en general el dictamen para dar paso a la votación en particular por títulos.
Por su parte, en particular, se aprobó el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el Régimen de regularización de activos, el Impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y el Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Mientras que se rechazaron los capítulos de Impuesto a Bienes Personales y el de Ganancias.
Tras casi 22 horas de sesión, finalmente se aprobó en general los dos proyectos propuestos por el gobierno nacional.
Los senadores rechazaron los cambios al Impuesto a las Ganancias que estaban incluidos en el Paquete Fiscal. Pese a que la ley fue aprobada en general, el título quinto del texto no obtuvo el visto bueno de los legisladores en el tratamiento en particular.
El reestablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría para los trabajadores en relación de dependencia a niveles similares a los que regían el año pasado antes de la baja impulsada por el ex ministro de Economía, Sergio Massa, fue rechazada por 41 votos contra 31.
Se trataba de uno de los puntos claves del paquete, que el Poder Ejecutivo necesitaba para recomponer los ingresos del fisco y dejar de depender de tributos de emergencia o distorsivos como el Impuesto PAIS para su objetivo de alcanzar y mantener el equilibrio fiscal.
Con la reversión del impuesto, el gobierno planeaba aumentar la recaudación en 0,5% del PBI e incrementar la coparticipación a las provincias. Sin embargo, el texto aprobado en Diputados lo reducía a 0,43% y el que llegó al Senado de 0,41% del producto, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Ahora se rechazó en su totalidad.
Con la reversión de Ganancias, el gobierno planeaba aumentar la recaudación en 0,5% del PBI e incrementar la coparticipación a las provincias.
La ley que rige en la actualidad fue aprobada en septiembre pasado, en plena campaña presidencial. Se estima que esa última reforma eximió del impuesto a 800.000 asalariados. La normativa elevó el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Además, estipuló que los contribuyentes tributan de acuerdo a la diferencia entre el haber y el mínimo establecido y las alícuotas van del 27% al 35%, según el nivel de ingresos.
En abril, el texto aprobado en la Cámara Baja establecía un nuevo esquema en el que la categoría más baja, con un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos –que representaba una remuneración neta o “en mano” de hasta $1.494.000– quedaba eximida del tributo, lo que se suele llamar “el mínimo no imponible para empleados solteros”.
En el caso de un empleado soltero con dos hijos menores a 18 años declarado a su cargo, el salario bruto más bajo alcanzado por el impuesto era de $2.100.000, que equivalía a un sueldo neto de 1.781.277,39 pesos. En el caso de un empleado casado con dos hijos menores a cargo, quedaba eximido del pago del impuesto con un salario bruto inferior a $2.400.000, es decir un sueldo neto de 2.081.277,39 pesos.
Respecto a las escalas de alícuotas, eran más progresivas y se moverían en el rango de entre 5 y 35 por ciento. La tasa máxima empezaría a aplicarse a partir de un ingreso de $36.450.000 y en adelante.
El proyecto del gobierno establecía escalas de alícuotas más progresivas y que se moverían en el rango de entre 5 y 35 por ciento
Los tramos de las escalas presentaban un incremento de entre un 32,07% y un 150,73% respecto al proyecto de Ley que presentó el Gobierno al Congreso en enero pasado.
Por otro lado, el proyecto establecía que las deducciones personales y los tramos de las escalas del impuesto se ajustarían anualmente por la variación el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec del mes de octubre del año anterior respecto a octubre de un año atrás.
Las deducciones personales iban a aumentar entre un 183,75% y un 186,65% y no había cambios respecto a la deducción especial para determinados jubilados y pensionados que se mantenía en 8 haberes mínimos garantizados.
Además, se eliminaban deducciones por gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones, por material didáctico que se paga a docentes, entre otras. También, se derogaba el incremento del 22% de las deducciones personales para los empleados y jubilados con residencia en la zona patagónica.
Por otra parte, se eliminaban exenciones para el Sueldo Anual Complementario, más conocido como aguinaldo, para la diferencia del valor de las horas extras y el de horas trabajadas en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, para determinados suplementos correspondientes al personal militar y para guardias obligatorias y horas extras realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.