El Gobierno Nacional, a través de la Subsecretaría de Pesca, realizó un procedimiento inédito en la actividad pesquera argentina, al decomisar casi 139 toneladas de merluza negra capturada de forma ilegal por un buque argentino.
El operativo se realizó luego de que empresas privadas denunciaran verbalmente ante la autoridad de aplicación que el Barco Tai An (propiedad de la empresa Prodesur S.A.) se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Tras esto, el Subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, comenzó a seguir el derrotero del barco.
En ese procedimiento, se conoció que la empresa no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera «incidental», en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.
En este sentido, el artículo 21 (inciso H) de la Ley de Pesca 24.922 prohíbe en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina el ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, y sin asignación de cuota correspondiente, así como en contravención a la normativa legal vigente.
De esta manera, el artículo 55 de la ley facultó a determinar el corrimiento del buque y se indicó que debían abandonar la zona de protección de juveniles de merluza negra. Una vez arribado al puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, López Cazorla, basado en el artículo 53 de la Ley, impuso el decomiso de la mercadería.
De las 139 toneladas de merluza negra decomisadas -y amparado en el artículo 53-, la autoridad de pesca ordenó sustituir por un importe en dinero equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión. Este monto asciende, al día de hoy, a 2.500 millones de pesos que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE).
Para tomar dimensión del decomiso, este monto representa prácticamente el total recaudado entre derechos únicos de extracción y sanciones del FONAPE durante todo el año 2023.
La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000.