El Gobierno define a la Marcha Federal Universitaria de esta tarde como “claramente política” e insistirá en su tarea de transparentar los gastos de las universidades.
En una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Capital Humano este lunes, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomaron la palabra en nombre del Gobierno y vincularon la protesta a intereses de la oposición.
“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Álvarez. Para reforzar su punto, el funcionario cuestionó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.
“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política“, insistió.
“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, enfatizó la ministra Sandra Pettovello en otro pasaje de la conversación.
En ese sentido, con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.
La Ley de Financiamiento y el conflicto por los fondos
El reclamo central de la marcha prevista para este martes es que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado. La norma incluye entre sus puntos principales una actualización salarial acorde a la inflación del periodo 2024 y 2025.
Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que el proyecto no establecía de dónde disponer los fondos y, por lo tanto, infringía la Ley de Administración Financiera. Esto es rechazado por las universidades, las cuales presentaron un amparo y luego de dos fallos en su favor, aguardan una resolución por parte de la Corte Suprema.
En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la única ley que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó abstracta tras la sanción de la ley de leyes. (TN)