Por Mariano Busilachi – Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.
Este viernes sucedió un hecho público que escandalizó a una parte importante de la ciudadanía marplatense y llegó a los medios de comunicación nacionales. A poco de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento del ex Presidente Néstor Kirchner, a modo de homenaje, la agrupación juvenil Aluvión junto con pintores marplatenses realizaron una intervención artística del rostro del ex mandatario, de 30 metros de altura, sobre la rambla de Mar del Plata.
Para quien no lo sabe, el Casino, Hotel Provincial, la rambla y la plazoleta Armada Argentina (en donde se realizó la pintada) fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1999. Por lo tanto, cualquier intervención artística o urbanística sin la debida autorización oficial por parte de la Comisión Nacional de Monumentos es ilegal. Aunque los autores de este “homenaje” argumentaron que quisieron mostrar desde el arte “la dimensión del legado histórico, político y sobre todo el proyecto de vida y de futuro” de Néstor Kirchner, se trató de una intervención ilegal y, en última instancia, un acto de vandalismo del patrimonio histórico de todos los argentinos.
Vale la pena hacer esta aclaración inicial, ya que en los últimos años hemos presenciado una denigración del concepto de lo público y del uso del espacio público. Esta tergiversación se inmiscuyó, incluso, en la confusión entre Estado y gobierno, la cual derivó en una sostenida decadencia de las instituciones. Por cierto, esa misma lógica es la que hoy está atravesando la discusión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, plasmada en la toma de tierras.
El conjunto urbanístico del arquitecto Alejandro Bustillo, un emblema de la ciudad de Mar del Plata, pertenece a todos los ciudadanos de Mar del Plata, del partido de Gral. Pueyrredón y de cada argentino. Aunque a esta altura del partido sea increíble que haya que aclararlo, debemos saber que lo público es de todos, pero de nadie en particular. Los organismos gubernamentales regulan con legislación el uso correcto y conveniente de cada espacio colectivo. Por esa misma razón, nadie puede intervenir en dicho lugar contrariando las normas establecidas, legalmente y por convención social.
Antes de seguir, quiero hacer una aclaración que me parece pertinente para evitar cualquier interpretación en términos de “la grieta”: no importa que la intervención haya sido con el rostro de Néstor Kirchner. Pudieron haber pintado algo alusivo a Mauricio Macri, Cristina Fernández o incluso Raúl Alfonsín, un ex presidente respetado por todo el arco político. Igual estaría mal. Celebrarlo o mostrarlo como algo positivo es fomentar una ilegalidad.
Brenda Benavante, directora del Centro Cultural La Casa de Enfrente y referente de la agrupación juvenil Aluvión, expresó que se eligió dicho lugar porque evocaba a la recordada Cuarta Cumbre de las Américas del 2005, desarrollada en nuestra ciudad, en donde se hizo explícita la postura de rechazar el proyecto comercial estadounidense en la región. Desde Aluvión deslizaron que la obra evocativa se hizo mediante arte efímero, señalando que la obra podía borrarse con facilidad.
La directora de Restauración de Monumentos Históricos del partido de General Pueyrredón, Costanza Addiechi, descartó que se trate de arte efímero, indicando que la pintura penetró fuertemente en las baldosas. Este sábado, desde las 6 AM, se la vio trabajar a destajo para comenzar a recomponer lentamente el desastre que hicieron en la plazoleta.
¿Por qué desastre? Luego del revuelo que se armó con esta intervención, un grupo de personas intentaron (una vez más sin permiso alguno) limpiar o quitar la pintura, generando que se expanda por todas las baldosas. Addiechi aclaró que la recomposición que ella debe hacer también pasa por una autorización oficial, por lo cual, el intento anónimo de restaurarlo también fue ilícito.
Habría que explicarle a Benavente, a Aluvión y a los pintores que participaron que pueden hacer todos los homenajes que quieran, siempre y cuando sea en el marco de lo reglamentario. Deberían disculparse públicamente, ya que sería un gesto positivo de madurez y honestidad intelectual.
Resulta preocupante que el fomento de estas conductas está en personas con experiencia y recorrido político, como el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, quien implícitamente defendió la intervención artística ilegal: “Te escandalizas por un mural para recordar los 10 años del fallecimiento del presidente que en los últimos 30 años más obras trajo para Mar del Plata y no decís nada sobre el presidente que espiaba a los familiares del Ara San Juan y a las Abuelas de Plaza de Mayo”.
En Argentina, en los últimos años, se ha impuesto esa reacción inepta y mediocre de justificar cualquier cosa hablando mal del contrario, desviando el foco de la conversación o tema en cuestión hacia el rival político. La de Páez es una respuesta tan reprochable como el silencio del bloque de concejales del Frente de Todos. Si piden autocrítica en la vereda de enfrente, comiencen dando el ejemplo en su propia casa.
Lo repito: es válido cualquier homenaje al ex Presidente Néstor Kirchner en un espacio público. Pero dentro del marco de lo legal y con las autorizaciones correspondientes. Si eso no se respeta y – aun peor – se lo avala, permitimos otros escenarios que ya están sucediendo hace años en el país, como el que analizaremos a continuación.
Lo público ha sufrido un embate cronológico con la peligrosa confusión entre lo estatal y lo gubernamental. Otra vez, como si volviéramos a la escuela secundaria, hay que explicar que gobierno y Estado no son lo mismo. El Estado somos todos y el gobierno es un partido o coalición política que fue electa en sufragios democráticos para administrar los recursos del Estado, en pos del beneficio de todos los argentinos. Pero son parte del Estado, no el Estado en sí mismo.
Esa ambigüedad estatal permitió que la clase dirigente haga y deshaga a su gusto en diferentes sectores de la administración del Estado, aumentado el gasto público de manera exorbitante o generando secuelas graves en nuestra economía. Y no hablo de los últimos cuatro años. El daño comenzó años antes y continúa al día de hoy.
Tampoco la pandemia de coronavirus frenó esa lógica negativa de pensar lo gubernamental como sinónimo de lo estatal. La falta de autocrítica del gobierno nacional sobre la estrategia agotada frente al COVID es una muestra de ello. Al no comprender la importancia del Estado como el lugar propicio de la construcción colectiva de ideas basales de corto, mediano y largo plazo, quien gobierna se siente el mesías y no ve ningún error en sus decisiones. Yendo aún más allá, les echa la culpa a los propios ciudadanos (o a los medios de comunicación) de que la cifra de contagios y fallecidos hayan aumentado. El propio ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó de manera elocuente que aislamiento social, preventivo y obligatorio «viene siendo un éxito extraordinario”. ¿Hace falta agregar alguna palabra a eso?
Sin embargo, lo público no es el único ámbito que sufre las evasivas de la ley. Lo privado también tiene sus padecimientos. Las tomas de tierras han expuesto dos fallas estructurales tremendas de la Argentina. Por un lado, el déficit habitacional de viviendas. Por el otro, la incapacidad (o complicidad) de organismos oficiales por resolver el problema. Si en el sur le sumamos la cuestión del derecho de los pueblos originarios a vivir en su tierra, todo se complica aún más.
No debemos caer en la falsa dicotomía entre los dueños de la propiedad y los pueblos originarios. Está demostrado, en muchas localidades del sur argentino, que ha habido una exitosa integración de los descendientes de los primeros pobladores con el resto de los habitantes de esas tierras. Conviven, trabajan y comparten las ciudades.
Sí, es cierto, todavía hay muchos descendientes que no han resuelto un reclamo ancestral y legítimo. Los entes gubernamentales tienen que ofrecer como mediadores de esta cuestión, ya que los dueños actuales de las tierras se han ganado su derecho a serlo. La discusión tampoco se debe dar en términos de propiedad privada vs propiedad comunitaria indígena. Ambos pueden convivir. Pero se necesita un gobierno presente que interceda en esos asuntos no resueltos, para que efectivamente el Estado incorpore y contemple los derechos de todos los habitantes del suelo nacional.
Todo se hace más complejo cuando irrumpen en escena figuras marginales de la política que aprovechan un reclamo franco y lo ponen en sus propios términos clientelistas. Son quienes quieren imponer una falsa dicotomía entre los terratenientes y la reforma agraria que en su momento impulsó Juan Grabois. En otra instancia, como en la toma de Guernica, se ha comprobado la intromisión de grupos de izquierda y punteros políticos que toman de “rehén” a familias que realmente tienen una carencia y se aprovechan de su indefensión.
Ni siquiera las fuerzas de seguridad han hecho algo concreto por resolver esa toma de tierras. Incluso, se ha llegado a premiar con dinero y con otras viviendas a quienes han usurpado la propiedad privada. ¿Hay que invadir una casa ajena para que me den algo? ¿Qué explicación le damos a los que han puesto sus esperanzas en un crédito para tener una vivienda que nunca llega? ¿Es un estúpido el que espera con todos los papeles en regla y es un vivo el que es premiado por hacer algo ilícito? Por si no se enteraron, el mensaje que están enviando es ese.
En el medio de las medidas tardías del gobierno provincial y las disputas de las vanidades entre la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el conflicto se agudiza. Aquí, en Mar del Plata, en los primeros nueve meses del 2020 se recibieron 534 denuncias penales por usurpación de inmuebles o terrenos. Aunque fue leve, aumentó respecto a la cantidad informada en el mismo periodo de 2019. Entre los lugares más afectados se encuentran Acantilados, San Jacinto, Playa Serena, Camet y Sierra de los Padres.
Urge enfrentar este problema con la suficiente consideración de que se debe respetar la propiedad privada, derecho que se encuentra en la constitucional nacional. Así también, es apremiante que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales dejen los discursos refundacionales de lado y se pongan a trabajar en terminar con esa deuda histórica en viviendas que tiene nuestro país. Pero para ello, se necesita un acuerdo colectivo entre los diferentes sectores implicados, gobierno y oposición, tan necesario como el que se requiere en economía, educación, salud y seguridad.
Ya no hay más tiempo que perder. Argentina tiene daños estructurales que no los arreglará ningún gobierno en particular, sino la conformación de acuerdos superiores a lo partidario. Una intervención artística, un abuso de facultades gubernamentales y una toma de tierras, en el fondo, hablan de lo mismo: tenemos que dejar de confundir conceptos que ya deberíamos tener resueltos.
Para terminar, algo que también sucedió esta semana. En Uruguay, los ex Presidentes Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica se retiraron de la actividad política y renunciaron a sus bancas en el Senado. Históricos adversarios ideológicos, se unieron en un cordial abrazo mientras todo el parlamento los aplaudía. Tanto uno como el otro, coincidieron en que el odio no lleva a nada y solo “estupidiza” a las personas.
Ese gesto cívico tan ejemplar, no ocurrió ni en Suecia ni en Finlandia. Ocurrió acá nomas, cruzando el río. Quizás, si la dirigencia argentina deja de creer que siendo gobierna la verdad es absoluta, si entendemos que de las crisis se sale con un trabajo mancomunado y si dejamos de naturalizar acontecimientos que transforman a la Argentina como una fábrica de la ilegalidad, tengamos ese gesto ejemplar que tanto anhelamos desde aquel abrazo entre dos acérrimos rivales políticos como Perón y Balbín. El Estado, que somos todos, lo necesita.