Colegio de Arquitectos alerta sobre el impacto ambiental del "EnduroPale"

La Mesa Directiva del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAPBA 9) y sus especialistas del Instituto del Hábitat y el Territorio (IHAT) manifiestan su preocupación por la futura realización del Enduro del Atlántico en el sector de playas de La Perla y zona norte.

El “Enduropale” se llevó a cabo durante varias ediciones en Necochea, con la participación de centenares de motos y cuatriciclos que recorrieron un extenso circuito, abarcando todo el frente costero de esa ciudad balnearia.

«Un frente costero totalmente distinto al nuestro, y del sector propuesto no sólo en la cantidad de metros y ancho de arena disponibles también sin un escollerado de piedra y con una separación entre público y motos considerable. Igualmente, el municipio de Necochea decidió no realizar más esta carrera por el impacto producido en sus playas«, se indicó.

Sin embargo, “la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon aceptó la propuesta de ser la nueva sede y decidió sin pasar por el Honorable Concejo Deliberante hacerlo en playas del norte de Mar del Plata, en las parcelas públicas de La Perla y Constitución, un sector frágil, con poca arena y muy sometido a la constante erosión. Esta fracción ya fue eje de nuestros reclamos por estar signado por el abandono de infraestructura desde hace años y donde ahora ve irrumpir un acontecimiento de alto impacto ambiental, que no cuenta con los estudios previos para medir ese impacto y con un impresionante movimiento de arena para la construcción de un circuito de más de 5km de ida y vuelta, con rampas y maquinas circulando, que obstaculizan el uso de la playa por 15 días en plenas vacaciones de invierno”, señalan.

Colegio de Arquitectos alerta sobre el impacto ambiental del "EnduroPale"

“Es nuestra preocupación una vez más, el mal uso del espacio público para actividades que reportan recursos escasos o nulos, con un impacto en lo ambiental, auditivo, y con circulación de vehículos motorizados en la arenaactividad prohibida por ley. Se suma a esto la construcción de un parque cerrado, zona de boxes y manipulación de combustibles y aceites en sectores de playa con los inherentes riesgos de contaminación”, sostienen.

Otra de las observaciones “que pudimos hacer en los primeros trabajos de trazado de pista es el movimiento de arena que tiene una superficie estimada en 230.000 m2, afectando la dinámica natural de la misma y destruyendo los pocos sectores de naturaleza con especies autóctonas, que se habían recuperado sobre accesos a playas y en sectores de barranca.

«Sería mucho mejor estudiar áreas donde no ocurran estos inconvenientes o sus impactos puedan ser fácilmente mitigables. También creemos que se deberían haber dado los pasos legales correspondientes, tales como la autorización del Concejo Deliberante y no solo por el EMDER y EMTUR y cumplimentar lo que la legislación pide referido al estudio de impacto ambiental previo a la actividad», se planteó.

“Un evento de esta naturaleza en el espacio público de playas, requiere la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) según lo indica la ley 11.723 que vela por la protección del ambiente y los recursos naturales, con acceso a la información pública sobre este estudio, medidas de mitigación, informe de daño sonoro, Declaración de Licencia Ambiental (DIA) y seguro de Daño Ambiental,  entre otros requerimientos. Estas presentaciones deben realizarse ante el Ministerio de Ambiente Provincial”, apuntan.

Luego las autoridades señalan: “amparados en el acuerdo de Escazú pedimos que se publiquen los informes de las habilitaciones y estudios con los que debe contar un evento de esta magnitud. Es el Municipio ejerciendo su poder de policía, quien debe cumplir la tutela en materia ambiental y ejercer la responsabilidad de velar por la integridad física de las personas”, enfantizan.

Para finalizar, las autoridades aclaran que “no nos oponemos a estos mega espectáculos deportivos que activan el turismo y la llegada de público especialista, simplemente creemos que tanto el lugar elegido como el proceso administrativo son inadecuados. Consideramos que se llega a esta instancia, en primer lugar, porque seguimos entendiendo a nuestras arenas como un recurso turístico y no como lo que es: nuestro principal espacio público. Recurso turístico que genera muy pocos o nulos beneficios económicos a la sociedad en su conjunto. Pero también damos por bueno como sociedad, la implementación de todo tipo de artificios en nuestros espacios más emblemáticos, produciendo daños ambientales y paisajísticos”.


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