El juez Raúl Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Sindicato Marítimo de Pescadores contra la reforma laboral, en el marco de un amparo que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.802.
La organización sindical había promovido una demanda de más de cincuenta páginas contra el Estado nacional, en la que solicita la declaración de inconstitucionalidad de aspectos centrales de la normativa y pide la suspensión urgente de su aplicación sobre el personal embarcado. El gremio sostiene que la reforma introduce un quiebre en el esquema jurídico que durante décadas reguló las relaciones laborales a bordo de buques pesqueros.
El eje del planteo apunta a la modificación del encuadre legal de la actividad. Según el SIMAPE, la nueva redacción del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo excluye al personal alcanzado por la Ley de Navegación, alterando el sistema normativo que históricamente articuló convenios colectivos, legislación específica y prácticas propias del sector.
Para el sindicato, este desplazamiento impacta directamente en las condiciones laborales, la estabilidad y los derechos colectivos de marineros, maquinistas y demás tripulantes de la pesca.
La presentación fue firmada por el secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, con el patrocinio legal del abogado Martín Yocca, quienes argumentaron la legitimidad del gremio para representar a los trabajadores embarcados.
En ese contexto, el sindicato solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata de la aplicación de los artículos 1, 101 y 137 de la ley para sus afiliados, al considerar que su vigencia podría generar perjuicios de difícil reparación. El pedido incluyó además la habilitación de días y horas inhábiles, lo que reflejó el carácter urgente que el gremio le asignó al planteo.