La concejal de AM-MDF, Melisa Centurión, presentó un proyecto de Comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información detallada sobre la implementación del artículo 294 de la Ordenanza Fiscal vigente, que habilita reducciones de hasta el 50% en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene para empresas radicadas o a radicarse en el Partido de General Pueyrredon en lo que se denominó el «RIGI Marplatense».
El proyecto remarca que, a más de 60 días de aprobada la norma, aún no existe información pública clara sobre los criterios, condiciones y mecanismos que regirán este beneficio fiscal, lo que genera incertidumbre tanto para contribuyentes como para el propio Concejo Deliberante.
En ese sentido, la concejal Melisa Centurión dijo que “el problema no es promover inversiones, sino hacerlo sin reglas claras, sin transparencia y sin equidad. Hoy no se sabe con precisión qué se considera inversión, quiénes podrán acceder, bajo qué condiciones ni cuál será el impacto real sobre la recaudación municipal”.
«El proyecto pone especial énfasis en la amplitud de facultades delegadas al Ejecutivo, ya que aspectos centrales como montos mínimos de inversión, rubros alcanzados, condiciones de generación de empleo, topes del beneficio, controles y sanciones por incumplimiento quedaron sujetos a una futura reglamentación que aún no fue presentada», agregó.
Además, Centurión expresó su preocupación por el posible carácter regresivo del régimen, ya que la reducción de hasta el 50% podría traducirse en mayores beneficios para grandes empresas, dejando en desventaja a pequeños comerciantes y pymes locales que hoy atraviesan una situación crítica.
En ese sentido, recordó que, «según relevamientos de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), durante 2025 cerraron al menos 139 locales en los principales centros comerciales de Mar del Plata, mientras las ventas minoristas registraron caídas interanuales sostenidas y muchos comercios funcionan con márgenes mínimos».
“Condicionar el acceso a un alivio fiscal a la realización previa de inversiones puede terminar beneficiando a quienes ya están en mejores condiciones económicas, mientras quienes más necesitan acompañamiento siguen soportando la carga tributaria completa”, sostuvo.
Por último, Melisa Centurión, afirmó que «la iniciativa solicita precisiones sobre la definición de inversión, escalas según tamaño de empresa, rubros alcanzados, condiciones laborales exigidas, mecanismos de control, requisitos para nuevas radicaciones, cantidad de solicitudes ya presentadas y una estimación concreta del impacto fiscal sobre la recaudación municipal».
«Las políticas tributarias de incentivo deben diseñarse con criterios de transparencia, previsibilidad y justicia distributiva, evitando que los beneficios queden concentrados en un grupo reducido de contribuyentes», concluyó.