Un amplio operativo se desplegó este miércoles por la mañana en la feria ubicada en la Rambla de Mar del Plata, donde fuerzas federales llevaron adelante controles en el marco de la Ley de Marcas. La intervención fue dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto a la Justicia Federal.
El procedimiento contó con la participación de cerca de un centenar de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes abarcaron la totalidad del predio ferial que funciona desde hace más de 20 años.
Además, el operativo se extendió hacia la zona de playa, donde se implementaron restricciones con el objetivo de evitar el retiro de mercadería durante los controles.
Desde el gobierno municipal expresaron su satisfacción por la medida a través de redes sociales, al señalar que el accionar se desprende de una causa iniciada en noviembre de 2025 en la Justicia Federal contra la feria.
En ese sentido, el actual senador provincial Guillermo Montenegro —quien impulsó la denuncia cuando se desempeñaba como intendente— expresó: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos. Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho. En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.
Por su parte, el intendente Agustín Neme respaldó el operativo y sostuvo: “Hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes que sí hacen las cosas bien. Con la Justicia interviniendo y Prefectura avanzando en el operativo, el descontrol deja de ser opción. Orden, legalidad y reglas claras. Ese es el camino”.
La denuncia original, presentada en noviembre del año pasado, se basó en informes elaborados por distintas áreas municipales, entre ellas la Secretaría de Seguridad, Obras Sanitarias y la Subsecretaría de Inspección General.
Según se indicó en aquel momento, la feria “genera un riesgo cierto y serio en la seguridad y la salubridad pública”, además de advertirse la posible comisión de delitos vinculados a la violación de la Ley de Marcas y problemas de contaminación derivados del tratamiento de residuos.