El diputado provincial Gustavo Pulti señaló que “el RIGI, que está en la denominada Ley Bases, es una amenaza cierta para toda la actividad industrial y para la pesca y el trabajo que genera».
Pulti subrayó que “la pesca en Mar del Plata implica más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos, en los barcos y en tierra. Más de 200 empresas que producen, contribuyen y generan puestos de empleo en la ciudad. Ninguna inversión nacional existente va a poder competir con los privilegios que establece el RIGI, y eso perjudica a toda la pesca nacional”.
El denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversores «propone desmantelar toda protección de la industria nacional, atentando contra las Pequeñas y Medianas Empresas y exponiendo a nuestro país a múltiples riesgos porque habilita el ingreso al país de fondos provenientes del lavado de dinero», aseveró Pulti.
También advirtió que el RIGI violenta las prerrogativas tributarias de la Provincia de Buenos Aires y sus 135 municipios, a la vez que dispone una ignominiosa cesión de soberanía en materia jurídica, resignando competencia de la justicia nacional en favor de jurisdicciones extranjeras como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
El diputado provincial subrayó que “no hay que confundirse con el umbral de 200 millones de dólares de inversión, porque en el texto queda claro que es la magnitud total del plan, pero con un primer desembolso del 20% ya se puede acceder a los privilegios tributarios y fiscales de todo orden” y agregó “nada impide entonces que algún grupo empresario de capitales locales o extranjeros pudiera fusionarse con otro o, en su caso, adquiriera empresas o grupos de empresas locales que desarrollen la actividad productiva pesquera (contando con buques, permisos de pesca vigente y plantas de procesamiento) y propusiera un proyecto productivo que alcanzara el valor mínimo previsto por el RIGI para acceder a los beneficios e incentivos allí plasmados”.
Pulti continuó señalando que “los peligros del RIGI son inmensos. Y no debemos dejarnos engañar: ese riesgo se irradia sobre la totalidad de los sectores productivos, incluyendo la actividad pesquera, que además de los daños económicos y sociales que provocaría al sector, podría llevar a una concentración de cuotas y autorizaciones en pocas empresas extranjeras como consecuencia de una eventual enajenación de empresas nacionales que se encuentran en actividad».
Y finalizó «además, de los daños económicos que habría de provocar en las industrias conexas, ya que las empresas incluidas en el Régimen de Incentivos no se verían obligadas a adquirir los productos e insumos producidos en la Provincia».