Vecinos y vecinas de barrios populares junto a trabajadores/as de las cooperativas de construcción se manifestaron, este miércoles, frente a la Municipalidad de Mar del Plata, por las obras de la SISU frenadas por el gobierno nacional.

Se dio en el marco de una jornada de la Mesa Nacional de Barrios Populares que se repitió en distintos puntos del país.

La manifestación tuvo como finalidad poner en conocimiento la situación que atraviesan por el desfinanciamiento de las obras de integración socio urbanas que llevaba adelante el Gobierno Nacional.


«Las medidas impulsadas por el Estado Nacional significaron la pérdida de 25 mil puestos de trabajo y la imposibilidad de terminar obras fundamentales para los y las ciudadanas en la lucha por el derecho al hábitat y a una vida digna», señalaron.

En el caso del Partido de General Pueyrredon, existen 72 barrios populares dentro del que habitan 14.200 familias según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En estos barrios más del 90% de las familias no acceden de manera formal al agua potable, ni al saneamiento ni a la electricidad.

A partir de la Ley, y desde la ex Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), en esta ciudad se han realizado 45 obras de integración sociourbana que comprenden conexiones intradomiciliarias de electricidad, agua y gas; equipamientos educativos y comunitarios; extensión de la red de agua potable y electricidad de media y baja tensión; alumbrado público; veredas y arbolado; hasta la construcción de 64 viviendas y obras de lotes con
servicio. Esto permitió la mejora en la calidad de vida de 9690 familias marplatenses.

Actualmente, en la SISU hay certificados de obra aprobados, con el avance físico
comprometido y su correspondiente rendición financiera, junto a su respectiva auditoría externa. No obstante, hace más de cuatro meses que están pendientes de pago dado que aún no recibió autorización del Ministerio de Economía para pagar.

«Son 250 obras que certificaron y se encuentran pendientes de desembolsos, y más de 1000 que hoy corren ese mismo riesgo», alertaron.

«El gobierno nacional y el Estado en sus distintas jurisdicciones tiene la obligación de velar y garantizar los derechos de los habitantes, por eso le exigimos al Intendente Guillermo Montenegro que tome cartas en el asunto para que se resuelvan los pagos pendientes de

las obras realizadas, que se regularice la situación de los proyectos para continuar los trabajos, así como generar nuevos proyectos en barrios que aún no han visto garantizado su
derecho», expresaron.


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