Por: Roberto Garrone
Con el correr de los días, el conflicto entre las empresas que prestan el servicio de estiba en Rawson y el SUPA, el gremio que reúne a los trabajadores eventuales que bajan al muelle a descargar la captura, suma tensión como capítulos en la justicia, donde hay una denuncia penal por extorsión y pedido de coimas.
Para colmo el conflicto estalla en un momento clave: no solo la antesala de la temporada de langostino en aguas provinciales, sino en un momento donde las autoridades exhiben un tétrico ayuno de poder. La de Arcioni es una gestión ausente desde que perdieron las elecciones y la de Nacho Torres todavía no nació. Son días para transitarlos con cautela porque no asoma nadie capaz de encauzar la crisis.
También abre grietas en el plano empresarial entre los armadores de la flota amarilla, que son casi los mismos que los dueños de las empresas de estiba, y los frigoríficos adheridos a CAPIP, desde donde ya salieron a decir que no van a convalidad “semejantes incrementos”, en referencia al 160,88% que acordó el gremio con otras empresas de estiba, principalmente de Madryn, pero abocadas al pescado congelado y al aluminio.
La ventaja de estar de los dos lados del mostrador, pescando, distribuyendo la captura entre los frigoríficos y descargando los cajones, también implica un riesgo. Puede abrir una grieta con los gremios marítimos con los cuales, como armadores, acaban de acordar el reajuste por inflación anual de casi el 130%. Cómo les explican que a los estibadores le van a firmar un 160%, más allá que los valores vigentes son hasta el 30 de enero del 2024.
En toda esta lucha de intereses sobresale el hecho de más gravedad y que expone con crudeza algunos manejos sindicales. En la causa judicial que tiene en sus manos la jueza Ana Karina Breckle figuran varias transferencias por más de 800 mil pesos a los CBU de Alexis “Gallo” Gutiérrez , Igor Vera y Claudio Villarroel, secretario General, Gremial y Pro Tesorero del SUPA respectivamente.
Las sumas fueron aportadas por las empresas de estibaje de Rawson y Comodoro ante el pedido de la cúpula sindical para reanudar o comenzar con la tarea de descarga de la flota. Desde la primera solicitud de “colaboración” para poder descargar los barcos en plena zafra de langostino en aguas nacionales, las empresas de estiba acudieron a la Fiscal Florencia Gómez.
En manos de la fiscal no solo hay comprobantes de transferencias de las empresas de estiba a los tres dirigentes del gremio sino audios y mensajes de texto por whatsapp. La secuencia no deja de ser curiosa y dejaría probada la extorsión sindical: cuando a pedido de Gómez, las empresas demoraban los pagos, del otro lado se reiteraban los pedidos y hasta medidas de fuerza sorpresivas.
Las empresas transferían y todo volvía a la normalidad. El pedido en Rawson fue por 1500 cajones a razón de 546 pesos por cajón. Eso es lo que tenía que pagar por mes cada empresa. El trio se repartía 2,4 millones de pesos mensuales. Extraordinario.
Mientras avanza la causa judicial y en las próximas horas la jueza determinaría el levantamiento del secreto bancario para poder corroborar que los comprobantes de las transferencias no son apócrifos, la disputa entre las partes pasa por una nueva negociación paritaria, la cual, de dos capítulos anuales con la anterior comisión directiva del SUPA, pasó ahora a casi una mesa permanente.
Cuando asumió Gutiérrez, en junio pasado, pese al esfuerzo que había hecho el oficialismo dirigido desde las sombras por Gabriel Aguilar, abogado del gremio y todavía secretario de Pesca de la Provincia, donde el padrón se amplió en más de 60 afiliados de la noche a la mañana, hubo un reajuste del 15% en el servicio del pescado fresco.
Ahora buscan que el sector firme un nuevo acuerdo. Las actas tienen una diferencia y ese es el verdadero punto de la discordia. El punto 7 parece un intento de blanquear todas las coimas que pagaron empresas de estiba del fresco y temen que deberán seguir haciéndolo mientras perdure esta comisión.
“Es una locura, cómo las empresas vamos a pagar por la licencia de los dirigentes que cumplen funciones sindicales”, remarcó Gustavo González, presidente de la cámara que agrupa a la flota amarilla pero también con intereses en las empresas de estiba.
Hugo Stecconi, referente de Ruta 40, una de las empresas de estiba que sí firmó con el SUPA, entiende que el reajuste es lógico, que no es sumar porcentajes mensuales sino que son acumulativos. Y que para llegar al 160% que firmaron (en Rawson algunos dudaban en si lo pagaba él o su cliente Aluar), se estimó octubre y noviembre con 12%. Sobre el punto 7 del acta pidieron “reserva de interpretación”.
Algo parecido hizo Murchison, otro de los que firmó la paritaria ampliada de Gutiérrez. La empresa va a redactar una adenda donde dejará las cosas en claro. Lo que también parece claro es que las coimas solo fueron pedidas al servicio de estiba fresco.
En la semana el SUPA logró la adhesión del SOMU, donde seguramente no tuvieron acceso a los detalles de la causa. Sino cuesta creer que se hayan convencido de lo que subrayaron en el comunicado y que los hombres de Gutiérrez exhibieron como una victoria.
Por estas horas la última novedad brotó desde el lado de la justicia. El juzgado de ejecución 1 de Trelew a cargo de Mauricio Humphreys, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Ezequiel Jaroslavsky y otros contra el SUPA.
Si el gremio respeta la decisión judicial deberá abstenerse de obstruir, obstaculizar, dificultar y/o impedir la contratación de estibadores como trabajadores de las empresas “Don Gerónimo SRL”; “RV SA”, “Scarico SRL”, “Estibadores Suarmo SA” y “Trekkan SRA” a los trabajadores que nuclea el mencionado sindicato.
La gran incógnita es saber qué hará el SUPA cuando se notifique de la decisión judicial, si es que ya no lo hizo. Como dijimos… el vacío político provincial no ayuda tampoco. Una gestión en retirada, otra que todavía no asumió, impiden hasta ahora que surja una convocatoria amplia para intentar resolver el problema.
Toda esta novela merecería una serie con varios capítulos en Netflix sino fuera que detrás de la pelea en la estiba se juega el trabajo y el futuro de los próximos meses de miles de obreros en tierra que esperan el langostino que aporta la flota de Rawson para garantizar el sustento familiar.
Y frenamos en los trabajadores de tierra porque son los eslabones más débiles de la cadena. Pero están los propios tripulantes, camioneros, empresas de servicios, las propias empresas y sus compromisos comerciales. Y hasta las reservas flacas del Banco Central si llegamos al final de la cadena.
Lo único bueno es que con todas estas dilaciones la flota no va a pescar tantas hembras impregnadas en aguas provinciales como el año pasado en que tuvieron una zafra super abundante y quizás la salud biológica del recurso mejore un poco.
Buen domingo
Foto: Revista Puerto