Los profesionales de salud de la ciudad de Mar del Plata, que brindan prestaciones para personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad se movilizaron, este lunes, frente a la falta de pagos en el mes de agosto hasta la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud y luego a la Municipalidad.

Nucleados en la asamblea de Prestadores Unidos MDP, acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, maestros de apoyo, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales y transportistas, hicieron visible la delicada situación por la que atraviesan.

«Por motivos que desconocemos y nos son ajenos, durante el mes de agosto las obras sociales no realizaron los pagos correspondientes a las prestaciones realizadas en el mes de mayo/junio (esto en aquellos casos más regulares). Las explicaciones que recibimos no hacen más que generar incertidumbre, respecto a qué es lo que hicieron con el dinero que corresponde a la cobertura de las prestaciones que realizamos en tiempo y forma», señalaron desde la Asamblea.

En ese sentido, precisaron que las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, AFIP, el Ministerio de Salud/ Economía de la Nación y las obras sociales «no hacen más que desligarse de responsabilidad, culpabilizándose entre sí por lo que nos está sucediendo. Mientras tanto, no solo no cobramos por nuestro trabajo, sino que somos víctimas de hostigamiento sufriendo faltas de respeto por parte de los funcionarios de dichos organismos, quienes además de lo redactado nos llaman mentirosos».

No obstante, señalaron que este tema no es el único que los llevó a movilizarse. ero junto a padres, familiares y personas con discapacidad. «Esto es solo la punta del iceberg. Nos reúne el decir BASTA. Basta del maltrato burocrático del que somos víctimas; basta a este sistema perverso que tiene a prestadores, familias y personas con discapacidad a su merced, esperando semanas, meses y años por una respuesta que a veces no llega, y otras veces llega y no es satisfactoria; basta de tener que presentar recursos de amparo para tener que obligar a la obra social a que reconozca los derechos que una persona con discapacidad adquirió por ley y por los cuales no debería rogar a través de una medida judicial ; basta de no tener voz ni voto en la toma de decisiones que determinan nuestra actividad laboral; basta de tomar decisiones sin que este colectivo sea parte».

«Los prestadores trabajamos en condiciones precarizadas, con demoras de 90 días o más en la recepción del pago, por los servicios brindados a nuestros pacientes. Y sí, tiene razón el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto es histórico, pero histórico no significa que sea correcto, o que no se pueda mejorar», agregaron.

«Nosotros, los prestadores, familias y personas con discapacidad que lidiamos con esto en el día a día, le decimos que por más histórico que sea, no nos parece correcto. Y estamos aquí visibilizándolo para que toda la sociedad lo sepa», afirmaron.

En ese aspecto, enumeraron que las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la falta de comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.

«Nos tratan de prescindibles, ofreciéndole a las familias cuando reclaman por nuestros honorarios, otros profesionales que se puedan hacer cargo de la prestación, sin importarles el vínculo establecido, la formación específica que tenemos como profesionales y el amor y pasión que le ponemos diariamente a nuestra profesión», alertaron.

«Nuestra lucha no se compara en absoluto con la lucha diaria que vienen llevando hace años las familias y personas con discapacidad. Nosotros los prestadores los acompañamos, los validamos y apoyamos en esta causa contra el recorte en prestaciones de discapacidad. Los prestadores somos solo un eslabón, de lo que ellos hacen para mejorar la calidad de vida de su familia, el cual debería estar ocupado en mejorar la calidad de tratamiento y no en bregar por percibir sus honorarios», remarcaron.


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